"COMPETENCIAS PROPIAS DEL MUNICIPIO: VIVIENDA DE INTERES SOCIAL" por @mauxi1

POR MARIA AUXILIADORA DUBUC - VENEZUELA - 27 JUN 2017, 8:09 P.M.

Una de las competencias propias del Municipio, que ha resultado mas limitada y si se quiere igualmente una de las mas debatidas en el contexto político y social del país en que vivimos actualmente, pero sin duda, una de las mas sensibles a la población, la constituye, sin temor a equivocarme, la competencia propia del municipio en materia de viviendas de interés social.

El alcance y desarrollo de la norma y su efectiva aplicación ha resultado todo un tema cuesta arriba para los municipios, toda vez que tratándose de un tema tan complejo de abordar, que involucra tomar en cuenta una serie de aspectos que tienen que ver directamente con el techo, pero más allá aun con la calidad de vida de los munícipes en general dada la escasez de recursos económicos y dificultades de toda índole, los municipios solo se dedican a ser gestores de permiseria, sin ir más allá de ello, permitiendo al centralismo apropiarse de la figura para su provecho político. 

En este contexto, el Ejecutivo Nacional, ha querido reservarse para sí  el tema dejando al Municipio de lado, absolutamente desprovisto de las herramientas económicas y legales indispensables para enfrentar el drama social de los "sin techo".

“Artículo 56

Son competencias propias del Municipio las siguientes:

….2. La gestión de las materias que la Constitución de la República y las leyes nacionales les confieran en todo lo relativo a la vida local, en especial, la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia inquilinaria, la promoción de la participación ciudadana y, en general, el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad en las áreas siguientes:

La ordenación territorial y urbanística; el servicio de catastro; el patrimonio histórico; la vivienda de interés social; el turismo local; las plazas, parques y jardines; los balnearios y demás sitios de recreación; la arquitectura civil; la nomenclatura y el ornato público...”

Abordando esta competencia municipal en materia de viviendas de interés social, por un lado, debemos analizar las reformas que le otorgan facultades al Estado para controlar el sector de la construcción; y por otro, la situación que enfrentan los ciudadanos con relación al financiamiento de su vivienda en estos tiempos.

Las reformas de las leyes habilitantes en materia de vivienda y hábitat le otorgan el control de la construcción de soluciones habitacionales al Ejecutivo Nacional. Con la ley, cualquier bien y/o servicio podría ser declarado “de utilidad pública e interés social”, para utilizarse en la construcción de domicilios y fábricas de acuerdo con los lineamientos de la planificación central.

En este sentido, la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat tiene como objetivo establecer la normativa tendente a regular esta materia, cuya naturaleza social está basada en su carácter estratégico, indicando que “se declaran de utilidad pública e interés social todos aquellos bienes y servicios susceptibles de ser empleados en la planificación, producción y consumo en materia de vivienda y hábitat”. Se señala que el Ministerio de la Vivienda y Hábitat “tendrá potestad organizativa y un rol estratégico de establecimiento de políticas públicas en los ámbitos nacional, regional y municipal para el desarrollo del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat”. Los arrendamientos inmobiliarios, la regulación del mercado de alquileres, y la constitución, modificación y supresión de las Unidades Operativas de Ejecución pasarán también a sus manos, de manera que es poco lo que queda en esta materia en manos del Municipio.

La forma en que el Estado venezolano ha enfrentado históricamente el problema de la vivienda ha dejado importantes consecuencias estructurales. Hasta la fecha el tema ha sido tratado de manera absolutamente desarticulada y desordenada, aislando a la vivienda del tema del hábitat, sin tomar en cuenta para nada una visión territorial del país, únicamente con un enfoque sustancialmente financiero y no como un instrumento para la solución efectiva de un problema social. Así, las consecuencias de esta manera de hacer política con el tema han resultado lógicamente dramáticas: soluciones habitacionales insuficientes en términos cuantitativos y cualitativos, un déficit estructural con consecuencias de índole social fundamentales que redundan y afectan de manera directa en la calidad de vida del venezolano, además de una serie de problemas conexos en materia de hacinamiento, salud pública, accesibilidad, etc., todo ello producto de una estructura del Estado profundamente ineficiente dominada por la burocracia y la duplicidad o disgregación de funciones; a través de la cual los recursos se dispersan, se diluyen y no se concretan en soluciones tangibles, además de la formación de  un esquema urbano y territorial ineficiente e inadecuado, que no permite optimizar nada, impidiendo además el aprovechamiento de los recursos potenciales existentes.

La democracia representativa no promocionó ni permitió el desarrollo sustentable y equilibrado en el ámbito nacional, razón por la cual,  los resultados de las políticas, planes, proyectos y acciones en materia de hábitat y vivienda no fueron los deseables. Los resultados, además de insuficientes, son altamente preocupantes dadas las consecuencias sociales que se generaron.

El resultado en esta materia hasta ahora obtenido de las políticas orientadas estrictamente hacia lo económico-financiero han sido nefastas: inequidad social, segregación y coexistencia de calidades de vida altamente diferenciadas y disonantes. Tanto los sectores sociales de mayores necesidades como la clase media – que en su conjunto delinean más del 90% de la demanda de vivienda- no han obtenido respuesta a sus requerimientos. La consecuencia se centra en desarrollos habitaciones populares que no cumplen los estándares mínimos de construcción, en función de la dimensión del grupo familiar, ni de calidad ni de accesibilidad al sitio de trabajo, todo ello aunado a criterios financieros para políticas crediticias que no facilitan sino que por el contrario, impiden a sectores medios de la población acceder y procurar una vivienda digna en condiciones medianamente optimas.

Ante la incapacidad, desinterés y falta de respuesta manifiesta y contundente del Gobierno, amplios sectores de la población asumieron de forma directa la solución del problema mediante mecanismos de subsistencia, altamente creativos en función de las herramientas que poseen dentro de las limitaciones de la exclusión impuesta por la sociedad y el Estado, en este caso se hace referencia tanto a los amplios sectores populares como a la clase media y profesional. Así la gente ante su desesperación por encontrar donde vivir y la falta de respuesta,  busca sus soluciones habitacionales construyendo anexos en casa de sus padres, desarrollos no controlados de viviendas o peor aún, a través de ocupaciones temporales de terrenos privados.

Es un problema en todo caso complejo; que debe involucrar todos los temas,  social, humano, político, económico, financiero.  Al final, la forma de ocupación del espacio está asociada con los principios y contradicciones de la sociedad. Asumir el problema de la vivienda de manera correlativa con el hábitat y bajo un criterio social, es parte de los parámetros conceptuales que deben apuntar a definir un marco jurídico en la materia con el objeto  de enfrentar la inercia de un problema estructural donde la exclusión y no inclusión de todos los sectores sociales ha sido la gran constante.

Finalmente, el nuevo marco constitucional del país permite otras lecturas claves de solución adicional. Los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999 refieren los principios de libertad, igualdad, justicia y paz, garantizados por un país democrático y social de Derecho y Justicia, donde el Estado tiene como fin esencial la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía de los derechos y deberes. Estos elementos poseen una traducción inevitable en el campo de la vivienda y el hábitat mediante el objetivo de la consecución de una vivienda, un techo digno, al cual tienen derecho, todos los venezolanos, definido a partir de sus propios requerimientos. Este antecedente jurídico inmediato supone una nueva visualización del problema: su tratamiento sistémico y estructural a partir de los principios y valores de la Constitución en procura del que debería ser el objetivo fundamental: una vivienda inserta en el hábitat digno, sin exclusión de ninguna especie.

Sin embargo la democracia participativa nos ha conducido a una errónea interpretación del texto legal de modo que el tema de la participación protagónica tiene sus bemoles. A raíz de la aprobación de la Ley de Consejos Comunales y de la insistencia del régimen de llevarnos por la senda de supuesto socialismo del Siglo XXI, tenemos que muchos de ellos han asumido la competencia en materia de viviendas de interés social, aduciendo el siguiente marco legal a los efectos de amparar proyectos en este sentido, en primer lugar, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Titulo VI, del Sistema Socioeconómico, Capítulo I, del Régimen Socioeconómico y de la Función del Estado en la Economía:

“Artículo 118. Se reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras, así como de la comunidad para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, como las cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. Estas asociaciones podrán desarrollar cualquier tipo de actividad económica, de conformidad con la Ley. La Ley reconocerá las especificaciones de estas organizaciones, en especial, las relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su carácter generador de beneficios colectivos. El estado promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas s a mejorar la economía popular y alternativa”.

“Artículo 184. La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo:

1.- La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos. A tal efecto, podrán establecer convenios cuyos contenidos estarán orientados por los principios de interdependencia, coordinación, cooperación y corresponsabilidad.

2.- La participación de las comunidades y ciudadanos y ciudadanas, a través de las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, en la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades estadales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión, así como en la ejecución, evaluación y control de obras, programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción…..

….4.- La participación de los trabajadores y trabajadoras y comunidades en la gestión de las empresas públicas mediante mecanismos autogestión y cogestionarios.

5.- La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social, propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas donde aquellas tengan participación”.

 

“Artículo 299. El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta.

 

Artículo 308. El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa popular. Se asegurará la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento oportuno y la Ley para el Fomento de Desarrollo de la Economía Popular”

Igualmente se basan en el marco legal establecido en la Ley para el Fomento de Desarrollo de la Economía Popular (Creada el 10 Mayo de 2010) y en la Ley orgánica para el fomento y desarrollo del sistema económico comunal, que expresa en su Capítulo I de las Disposiciones Generales:

“Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer los principios, normas y procedimientos que rigen el sistema económico comunal para desarrollar el modelo productivo socialista, con base en los planes y proyectos impulsados por las organizaciones del poder popular en los ámbitos comunal y comunitario, y en el intercambio de saberes, bienes y servicios para la reinversión social del excedente, dirigidos a la satisfacción de las necesidades colectivas”.

“Artículo 2. La presente Ley tiene las siguientes finalidades:

1.     Incentivar en los Consejos Comunales, comunidades y comunas valores y principios socialistas.

2.     Promover las formas de organización socio-productivas dirigidas a satisfacer las necesidades de los Consejos Comunales y comunidades, respetando las características  locales.

3.     Fomentar la Sistema Económico Comunal en el marco del modelo productivo socialista y sus diversas formas de organización socio-productiva en todo el territorio nacional.

4.     Aportar las herramientas necesarias para el fortalecimiento de las potencialidades económicas de los Consejos Comunales, comunidades y comunas.

5.     Impulsar la Sistema Económico Comunal a través de un modelo de gestión sustentable y sostenible para el fortalecimiento del desarrollo endógeno.

6.    Todas aquellas que coadyuven al fortalecimiento de las finalidades establecidas en la presente Ley”.

 

“Artículo 5.  A los efectos de la presente Ley, se entiende por:

1.    Modelo Productivo Socialista: Modelo de producción basado en la propiedad social, orientado hacia la eliminación de la división del trabajo del modelo capitalista, dirigido a satisfacer las necesidades crecientes de la población a través de nuevas formas de generación,  apropiación y reinversión social del excedente.

2.    Trabajo Colectivo: Actividad organizada, planificada y desarrollada por los integrantes de las distintas formas organizativas, basada en relaciones de producción no alienada, propia y auténtica, de manera participativa y protagónica…”.

 

“Artículo 9. A los efectos de la presente Ley, son formas de organizaciones socio-productivas:

1.- Empresa de Propiedad Social Directa Comunal: Unidad socio-productiva constituida en un ámbito territorial demarcado en una o varias comunidades, en una o varias comunas, destinadas al beneficio de sus integrantes y de la colectividad, a través de la reinversión social de sus excedentes y donde los medios de producción son de propiedad social comunal…”.

 

Basándose en la normativa ut supra, los Consejos Comunales crean Comités de Vivienda y Habitat con el argumento que sirven para impulsar al Plan de Transformación Integral del Hábitat y el Ambiente, así se considera que la explosión del Poder Comunal como uno de los principales elementos políticos que permite la vinculación directa con lo que se denomina “El Ciclo del Poder Comunal” tan vociferado por el régimen.

 

En este sentido,  se conforman las llamadas Brigadas Socialistas de Trabajo Voluntario de autoconstrucción, articulan los Comités de Tierras Urbanas, con mesas técnicas de agua, de energía, grupos ambientalistas, y otras organizaciones e instituciones interesadas en el tema, realizan estudios y clasificación técnica de las viviendas de acuerdo a su necesidad: Rehabilitación, Sustitución, Transformación del Habitad y el ambiente e impulsan la creación de redes socio productivas y distribución, cooperando en el área de construcción de vivienda, transformación del hábitat y protección del Ambiente, entre otras.

Pero lo cierto es que a pesar que ejercen la planificación y ejecución de proyectos de viviendas de interés social, con el aval del Estado socialista,  nos damos cuenta que  aun cuando estos organismos siguen aspectos relacionados con la misión, visión, políticas estrategias y objetivos políticos, pierden el enfoque del objetivo principal que radica en contar con estrategias técnicas y de planificación adecuadas que les permitan mejorar el desarrollo de estos proyectos cumpliendo a cabalidad con la programación del mismo y de esta manera alcanzar la meta.

Al analizar las estrategias de planificación que implementan los consejos comunales para la construcción de viviendas de interés social las mismas en general, no son las más idóneas para cumplir a cabalidad con la ejecución del proyecto, ya que no se encuentran enfocadas hacia las exigencias de hoy en día, es decir carecen de información actualizada,

Estos consejos comunales aun cuando tienen el mayor interés en ejecutar estos proyectos de vivienda a los efectos de satisfacer las necesidades de su comunidad, carecen de organización y coordinación, todo ello gracias a la falta de conocimiento para gerenciar y planificar, no reconocen claramente sus debilidades, ni le dan importancia a la influencia en los tiempos de entrega del proyecto, por ende presentan retrasos en la obra, y entre otras amenazas tienen la escasez de materiales, cambios climáticos, la demora en la entrega de los recursos financieros, etc. Igualmente los consejos comunales producto de la falta de planificación comentada, no cumplen con el cronograma de  las actividades a realizar tanto en la construcción de la vivienda ni mucho menos con el de la procura, tampoco existe una correcta administración de los recursos financieros, ya que solo se encargan de gestionar la construcción y que las viviendas se entreguen, sin importarles el tiempo programado y en muchos casos la calidad de los materiales, lo que indefectiblemente nos conduce a concluir que hace falta mayor organización, compromiso y responsabilidad para el éxito en la ejecución de este tipo de proyectos.

Para ello la paradoja continua, porque no siempre la debilidad del pasado es el punto de fortaleza del presente. Nos referimos a otro elemento fundamental: la participación protagónica de las comunidades en el diseño, ejecución y control de las políticas, planes y programas. Al tiempo que se ha acusado al Estado de una concentración y centralización de funciones que lo han convertido en incapaz de afrontar la problemática y que lo hacen inoperante, la consecuencia paradójica es que a pesar que las necesidades de las mayorías se han convertido en un negocio al parecer muy productivo, de pocos y que el Estado consume en su ineficiencia, duplicidad de funciones y burocracia los recursos para resolver los problemas de los ciudadanos, no es menos cierto que a pesar de la iniciativa que ha tenido el Gobierno en darles esta participación protagónica y democrática a los consejos comunales para que funjan como entes ejecutores de viviendas de interés social dentro de sus comunidades, lamentablemente los mismos no tienen la capacidad, la formación técnica y el nivel requerido para ejecutar este tipo de proyectos, de tal modo que sin antes recibir adiestramiento en relación a cómo organizarse, planificarse y administrar correctamente los recursos facilitados por el Estado, el asunto tiende a convertirse en el más rotundo y estrepitoso fracaso.

En conclusión, al parecer la solución no radica en arrebatarle esta competencia propia al Municipio para otorgársela a los consejos comunales en sustitución, todo lo cual tiende a agravar el problema, la lógica apunta a que a los efectos de resolver la problemática en materia de vivienda en el país, sobre todo en el área de interés social, debe forzosamente existir una coordinación entre lo municipal, lo estadal y lo nacional, trabajar unidos en aras de cumplir las expectativas de la población y garantizarles su derecho constitucional a una vivienda digna y de calidad.  De tal manera, que para que todos puedan participar en un sistema nacional de construcción de viviendas de interés social, debe el Estado en primer lugar aprender a gerenciar el tema con eficiencia, privilegiar y tomar en cuenta que las viviendas estén acordes con el habitat y el desarrollo de la ciudad, otorgar subsidios para ello e igualmente debe coordinar conjuntamente a lo estadal y municipal, a los efectos de asegurar a los habitantes o ciudadanos, de manera eficiente, la prestación de los servicios domiciliarios básicos que se requieren, esto es, acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, aseo urbano y domiciliario, con la intención de brindarles a los ciudadanos la posibilidad de vivir dignamente sin afectar el entorno, siempre tomando en cuenta la normativa nacional, estadal y municipal legal vigente, en materia de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura y sobre todo en  materia de prestación de los servicios públicos básicos fundamentales.

 

MARIA AUXILIADORA DUBUC P.

@mauxi1

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