Competencias Propias del Municipio: Vialidad,  Circulación y Ordenación Del Tránsito y Servicios de Transporte Público Urbano" por @mauxi1

POR MARIA AUXILIADORA DUBUC - VENEZUELA - 26 JUL 2017, 8:11 A.M.

Una de las competencias más sensibles del Municipio que deriva de una de las necesidades más importantes del ciudadano hoy en día es sin lugar a dudas el servicio público de traslado de un lugar a otro dentro de la ciudad, esto implica no solo el trasporte,  sino además optimas condiciones de vialidad, a los efectos que los transeúntes puedan hacerlo con comodidad y seguridad, hacer diligencias, ir a su lugar de trabajo, hacer mercado, y un sinnúmero de asuntos que devienen de la vida cotidiana diariamente. A los efectos de poder lograr este cometido, el devenir dentro del territorio, se realiza a través de carreteras, autopistas y calles. Esta actividad fundamental se encuentra regulada en el ordenamiento jurídico, en el ámbito, constitucional, legal y local. 

 

Es necesario hacer mención en primera instancia que nuestra Constitución establece en su texto, dentro de los principios o derechos ciudadanos fundamentales aplicables,  el derecho al libre tránsito y por cualquier medio dentro del territorio nacional, de tal modo que es una garantía ciudadana por cuyo cumplimiento deben velar las autoridades.

 

En este orden de ideas, el artículo 164.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone:

 

“Artículo 164.- Es de la competencia exclusiva de los Estados:

(…) 10.- La conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales,… en coordinación con el Ejecutivo Nacional (…)”.

 

No obstante, la interpretación del alcance y sentido de la norma parcialmente transcrita, comporta su análisis concatenado con el artículo 156.26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que la materia de transporte terrestre, de carácter nacional, y su infraestructura, es competencia del Poder Público Nacional, en los siguientes términos:

 

 “Artículo 156.- Es de la competencia del Poder Público Nacional:

26.- El régimen de… transporte terrestre… de carácter nacional; y su infraestructura(…)”.  
 

De tal manera que desde un enfoque meramente semántico, el contenido del artículo 156.26 denota que al Poder Público Nacional, le corresponde legislar sobre la materia de transporte terrestre,… su infraestructura, en tanto la mencionada norma otorga al Poder Legislativo Nacional, la competencia para dictar “el régimen”, cuya acepción es precisamente la de un “(…) conjunto de normas que gobiernan o rigen una cosa o una actividad (…)”.

 

Sin embargo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece de forma precisa las competencias del Poder Público Municipal, en el Artículo Nº 178 Numeral 2,  de manera que es de la competencia del Municipio:  

 “ El gobierno y administración de sus intereses y la gestión de las materias que le asigne esta Constitución y las leyes nacionales, en cuanto concierne a la vida local, en especial la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia inquilinaria con criterios de equidad, justicia y contenido de interés social, de conformidad con la delegación prevista en la ley que rige la materia, la promoción de la participación, y el mejoramiento, en general, de las condiciones de vida de la comunidad, en las siguientes áreas:

….2. Vialidad urbana; circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías municipales; servicios de transporte público urbano de pasajeros y pasajeras”.

Y complementa la norma diciendo igualmente que las actuaciones que corresponden al Municipio en la materia de su competencia no menoscaban las competencias nacionales o estadales que se definan en la ley conforme a esta Constitución.

La Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en su artículo 56, enumera dentro de las materias encuadradas como una de las competencias propias de los municipios, destacando:

 “ Son competencias propias del Municipio las siguientes:

….2. La gestión de las materias que la Constitución de la República y las leyes nacionales les confieran en todo lo relativo a la vida local, en especial, la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia inquilinaria, la promoción de la participación ciudadana y, en general, el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad en las áreas siguientes:

….b. La vialidad urbana, la circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías municipales y los servicios de transporte público urbano”.

 

Al leer la Constitución de 1999, pareciera existir una contradicción en su articulado al dar un vistazo por los artículos 156, 164 y 178 cuando repite materias en cada nivel territorial de poder público; ejemplo de ello lo constituyen la salud, vivienda, agua, policía, turismo, entre otras. 

Pero la Ley Orgánica del Poder Público Municipal es clara y establece una clasificación de las competencias en propias, concurrentes, descentralizadas y delegadas y aunque, ya lo hemos dicho antes,  no define lo que son las competencias propias, como sí lo establece con las concurrentes; la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha interpretado que las materias propias son aquellas concernientes a los intereses de la vida local, constituyendo lo que se denomina de Derecho como concepto jurídico indeterminado, pues todo – de alguna manera – tiene relación con la vida local. Por cuanto las materias referentes a la vida local no se encuentran reservadas al poder nacional, es lógico pensar que son materia de la competencia municipal. 

 

En este sentido, la Ley de Transporte Terrestre (2008) que es la Ley que tiene por objeto la regulación del transporte terrestre en el país,  establece la normativa a los fines de garantizar el derecho al libre tránsito de personas y bienes por todo el territorio nacional, la realización de la actividad económica del transporte y de sus servicios conexos, por vías públicas y privadas de uso público, así como lo relacionado con la planificación, ejecución, gestión, control y coordinación de la conservación, aprovechamiento y administración de la infraestructura, todo lo cual forma del Sistema Nacional de Transporte Terrestre, quedando exceptuadas de estas regulaciones las referidas al transporte ferroviario o sobre rieles, lo cual tiene otra legislación, como es el caso de la Ley de Sistemas Metropolitanos de Transporte.

Sin embargo, vemos como la materia regulatoria del transporte terrestre está concebida como una competencia concurrente donde intervienen los niveles nacional, estadal y municipal. En este sentido la Ley de Orgánica de Tránsito Terrestre establece: 

“Artículo 4. La regulación del transporte terrestre corresponde a los organismos competentes en esta materia. La competencia se distribuye entre el Poder Público Nacional, Estadal y Municipal.

 

“Artículo 5. Es de la competencia del Poder Público Nacional, en materia de transporte terrestre, lo relacionado con licencias de conducir, el Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras, tipología de unidades de Transporte, condiciones de carácter nacional para la prestación de los servicios de Transporte de uso público y de uso privado de personas, el transporte terrestre Público de pasajeros y pasajeras en rutas suburbanas e interurbanas, sin menoscabo de las competencias que la ley y los reglamentos atribuyan a los Municipios o gobiernos metropolitanos, el transporte de carga, la circulación en el ámbito nacional, el régimen sancionatorio, el control y fiscalización del Tránsito en la vialidad, sin perjuicio de las competencias de los estados y municipios, los servicios conexos de carácter nacional, los procedimientos por accidentes de tránsito, las normas técnicas y administrativas para la construcción, mantenimiento y gestión de la vialidad, así como la actuación en el otorgamiento de concesiones, el ordenamiento de las estaciones de peajes, el establecimiento de las tarifas en el ámbito nacional y las demás que le atribuya la ley”.

 

“Artículo 6. Es de la competencia del Poder Público Estadal, en materia de transporte terrestre, la conservación, administración y aprovechamiento de las carreteras y autopistas nacionales, en coordinación con el Poder Público Nacional, el servicio de transporte terrestre público y terminales de pasajeros y pasajeras interurbanos de carácter estadal, la ejecución, conservación, administración, aprovechamiento y el control de la circulación de las vías terrestres estadales y el destino de las multas impuestas, de conformidad con lo previsto en esta Ley”.

 

“Artículo 7. Es de la competencia del Poder Público Municipal, en materia de transporte terrestre, la prestación del servicio de transporte terrestre público urbano y el establecimiento de zonas terminales y recorridos urbanos, para el transporte suburbano e interurbano de pasajeros y pasajeras con origen y destino dentro de los límites de su jurisdicción, bajo las normas de carácter nacional aplicables, así como las condiciones de operación de los servicios de transporte terrestre público y privado en el ámbito de su jurisdicción; la ingeniería de tránsito para la ordenación de la circulación de vehículos y personas de acuerdo con las normas de carácter nacional; las autorizaciones o permisos de vehículos a tracción de sangre; la construcción y mantenimiento de la vialidad urbana; los servicios conexos; el destino de las multas impuestas de conformidad con lo previsto en esta Ley; el control y fiscalización de tránsito, según la normativa de carácter nacional y las demás que por su naturaleza le sean atribuidas. Cualquier restricción de circulación que los municipios deseen aplicar debe ser evaluada y aprobada por el ministerio del poder popular con competencia en materia de transporte terrestre”.

 

De esta manera la Ley de Tránsito Terrestre dentro del elenco de competencias en esta actividad, delimita expresamente las competencias que en esta materia le corresponden al poder nacional, estadal y municipal y establece que las autoridades administrativas del transporte terrestre de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 16 de la Ley de Transporte Terrestre, son a nivel nacional el Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre (antes MINFRA hoy MPPIJP) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, y las autoridades administrativas con competencia en estados y municipios en el ámbito de sus respectivas circunscripciones. 

 

En este orden de ideas corresponde al Poder Nacional lo relacionado con las licencias de conducir, el Registro Nacional de Vehículos y Conductores, tipología de los vehículos, condiciones de carácter nacional para la prestación de servicios de transporte de uso público y privado de personas, el transporte público de pasajeros en rutas suburbanas e interurbanas sin menoscabo de las competencias que la ley y reglamentos atribuyan a municipios y niveles metropolitanos; el transporte de carga, la circulación en el ámbito nacional, el régimen sancionatorio, el control y fiscalización de la vialidad, sin perjuicio de lo asignado a estados y municipios, servicios conexos de carácter nacional, procedimientos administrativos y judiciales en caso de accidentes de tránsito, normas técnicas para la construcción, mantenimiento y gestión de la vialidad, así como la actuación en el otorgamiento de concesiones, ordenamiento de las estaciones de peaje, establecimiento de tarifas en el ámbito nacional y las demás atribuidas por la Ley.
 

Por su parte, al nivel estadal, corresponde la conservación, administración y aprovechamiento de las carreteras y autopistas nacionales, en coordinación con el Poder Nacional, el servicio de transporte terrestre público y terminales de pasajeros interurbano de carácter estadal, ejecución, conservación, administración, aprovechamiento y control de la circulación de las vías terrestres estadales y el destino de las multas impuestas, de conformidad con lo previsto por la Ley.

Por otro lado, tenemos que la competencia municipal en materia de servicios públicos municipales, abarca, en primer lugar, el servicio público de transporte urbano de pasajeros, (artículo 56.2.b LOPPM), con potestad para regularlo, otorgar las concesiones y la fijación de tarifas. En este último aspecto, sin perjuicio de las competencias que pueden atribuirse por ley a los órganos que ejercen el poder nacional, dentro del régimen de regulación de precios. En esta materia, además la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, precisa que corresponde al poder público municipal, en materia de transporte terrestre, “la prestación del servicio de transporte público de pasajeros urbano y, suburbano, interurbano, periférico y metropolitano, en el ámbito de su circunscripción y en los términos que establezcan la ley y los reglamentos” (art. 6);  de modo que a este respecto le corresponde el establecimiento de zonas terminales y recorridos urbanos, para el transporte suburbano e interurbano de pasajeros con origen y destino dentro de los límites de su jurisdicción, bajo normas de carácter nacional, así como las condiciones de operación de los servicios de transporte terrestre público y privado en el ámbito local; la ingeniería de tránsito para la ordenación de la circulación de vehículos y personas; autorización de vehículos de tracción de sangre: construcción y mantenimiento de la vialidad urbana; servicios conexos; destino de las multas con ocasión de las infracciones en materia de tránsito terrestre cuando fueren impuestas por autoridades municipales sobre la materia (policía de circulación); control y fiscalización del tránsito según la normativa de carácter nacional y las demás que, por su naturaleza, le sean atribuidas. En este sentido, cualquier restricción de circulación que los municipios deseen aplicar debe ser evaluada por la autoridad nacional en materia de tránsito y transporte terrestre. En los municipios, el servicio de transporte público de pasajeros se puede prestar directamente por la autoridad municipal o por personas naturales o jurídicas debidamente autorizadas (art. 7) por la misma, a la cual además corresponde establecer el régimen tarifario (art. 77). 

 

En lo relativo a lo Municipal de acuerdo a lo establecido en el  Artículo 161 de la Ley de Transporte Terrestre, las competencias son claras y están definidas para la ejecución, inspección, supervisión y mantenimiento de la infraestructura vial urbana, señalización, demarcación y demás aspectos de seguridad vial establecidos en manuales nacionales e internacionales de obligatorio cumplimiento en el país, de acuerdo a los Artículos 7 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, le compete la prestación del servicio de transporte terrestre público urbano, control y fiscalización del tránsito, ingeniería del tránsito, entre otras responsabilidades.

 

En este orden de ideas, el sector transporte para efectos de los municipios, abarca toda la infraestructura de servicio, la cual debe atender a los requerimientos de los ciudadanos en términos de proveer los medios para el traslado de bienes y personas. En tal sentido, deben planificarse nuevas vías o adecuaciones de las existentes, programar y ejecutar labores de conservación vial para mantener el patrimonio vial dentro de la jurisdicción de competencia, así como se administra y regula la circulación de particulares y unidades de transporte público, a través de los correspondientes institutos de vialidad y transporte municipales, en coordinación con el INTT, el CTVTT, la Policía Nacional Bolivariana y demás instancias de gobierno estatal y nacional.  

En lo relacionado a los cuerpos de policía municipales que coordinan la circulación, aunque para la creación de un cuerpo de policía de tránsito o circulación municipal, ni la Ley de Transporte Terrestre ni la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, estipulan normativa alguna, por lo que ha de acudirse a estos efectos, a los llamados “modos de gestión”, a través de los órganos jerárquicamente dependientes del Alcalde, ya que éste tiene dentro de sus atribuciones ejercer la autoridad en materia de policía municipal, para lo cual puede designar un funcionario directamente, generalmente denominado director o puede hacerlo a través de entes, como serían los institutos autónomos municipales. En todo caso, debe dictarse una Ordenanza de creación que contenga los elementos organizativos, debiendo contar con el presupuesto correspondiente.

 

La Ley de Transporte Terrestre señala igualmente en su articulado que  a los efectos que el Municipio pueda actuar a través de un cuerpo de policía de tránsito o circulación, el mismo debe estar “homologado” por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, como ente ejecutor de las políticas fijadas por el órgano rector (Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura), so pena de  resultar sancionadas con nulidad absoluta todas las actuaciones realizadas en ausencia de este requisito previo.


En este sentido, los Municipios están en la obligación de  sancionar  Ordenanzas relativas al Tránsito y Circulación de Vehículos y Personas en su Jurisdicción con el objeto de establecer las normas que regulen la ordenación del tránsito y circulación automotor y peatonal, todo lo cual puede permitirle al Ejecutivo Municipal la implementación de planes que favorezcan la movilidad vehicular en el Municipio y crear conciencia social dentro de los habitantes que circulan o hacen vida dentro de éste, toda vez que, la única forma de presentar una solución eficaz y oportuna al congestionamiento vehicular en avenidas y calles, es mediante la colaboración de la ciudadanía en mejora de las condiciones de vida de la comunidad y en la consecución de los fines del Estado. 

 

En materia impositiva los Municipios en este sentido, tienen la obligación de establecer y normar a través de Ordenanzas igualmente, lo relativo al Impuesto sobre Vehículos, impuesto este que se encuentra enmarcado dentro de las atribuciones constitucionales y legales respectivas. El hecho imponible de este ingreso tributario lo constituye el ejercicio de la titularidad de la propiedad de uno o más vehículos, se causa el primero de enero de cada año, cuando la inscripción de un vehículo se produzca después de iniciado el año civil, el impuesto se causará en la oportunidad de la inscripción. La base imponible la determina la capacidad de desgaste de las vías públicas del Municipio, ocasionadas por el tránsito y tráfico vehicular, cuantificables en dinero, tomando como base de cálculo el peso y número de ejes del vehículo en los términos establecidos en la Ordenanza correspondiente. El mismo es sin duda una fuente de financiamiento fundamental para la ejecución de obras y mantenimiento, así como la prestación de los servicios públicos de calidad que ofrecen  las Alcaldías a sus ciudadanos, en materia como  Seguridad, Educación, Salud, Vialidad, entre otros.

 

Igualmente, los estados y municipios, deben cumplir con sus responsabilidades en materia de Seguridad Vial de acuerdo a las competencias que le otorga la Ley, promover iniciativas ante los Consejos Legislativos estadales en materia de Prevención, Salud y Seguridad Vial, con el objetivo de impulsar planes, programas y proyectos, que permitan mecanismos para la participación ciudadana en las políticas públicas, coadyuvando en la concientización y educación de los usuarios de las vías públicas, en el camino de una nueva cultura vial, que conlleve a un sistema de transporte terrestre seguro y confiable, con mínima accidentabilidad. En este orden, en materia de educación vial es mucho lo que en el nivel municipal se puede hacer.

 

El rol del Municipio en materia de tránsito y transporte terrestre es amplio y de gran importancia, puesto que la mayor parte de la vida económica y social transcurre en el área urbana, que es donde el nivel local lleva a cabo sus competencias. Esta materia forma parte de un sistema de planificación y ordenamiento urbano  cuya responsabilidad municipal es determinante a los efectos de realizar las gestiones que sean necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida de los munícipes, porque una ciudad organizada y planificada correctamente, donde exista buena movilidad permite un crecimiento indubitable en lo personal, social, y económico.

 

MARIA AUXILIADORA DUBUC P.-

@mauxi1

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