COMPETENCIAS PROPIAS DEL MUNICIPIO: ESPECTACULOS PUBLICOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL" por @mauxi1

POR MARIA AUXILIADORA DUBUC - VENEZUELA - 03 AGO 2017, 4:02 P.M.

Es responsabilidad del Municipio mantener un equilibrio entre el gobierno local,  la administración de sus intereses y la gestión de las materias que le asigne la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes  nacionales destinadas a regular lo municipal, en lo que se refiere a la vida local, en especial la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia  inquilinaria con criterios de equidad, justicia e interés social, la promoción de la participación, y el mejoramiento, en general de las condiciones de vida en comunidad en las áreas que le competan destinadas al bienestar de los munícipes. En referencia a estas competencias queremos referirnos de manera especial a la relativa a espectáculos públicos y publicidad comercial.

En este sentido, de conformidad a lo consagrado en la Carta Magna:

“Artículo 178. Son de la competencia del Municipio el gobierno y administración de sus intereses y la gestión de las materias que le asignen esta Constitución y las leyes nacionales, en cuanto concierne a la vida local, en especial la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia inquilinaria con criterios de equidad, justicia y contenido de interés social, de conformidad con la delegación prevista en la ley que rige la materia, la promoción de la participación, y el mejoramiento, en general, de las condiciones de vida de la comunidad, en las siguientes áreas:

…..3. Espectáculos públicos y publicidad comercial, en cuanto concierne a los intereses y fines específicos municipales…”

En concordancia con la normativa contenida en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal que establece:

“Artículo 56. Son competencias propias del Municipio las siguientes:

1. El gobierno y administración de los intereses propios de la vida local.

2. La gestión de las materias que la Constitución de la República y las leyes nacionales les confieran en todo lo relativo a la vida local, en especial, la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia inquilinaria, la promoción de la participación ciudadana y, en general, el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad en las áreas siguientes:

….c. Los espectáculos públicos y la publicidad comercial en lo relacionado con los intereses y fines específicos del Municipio….”

De esta forma la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le otorga a los Municipios la facultad para regular la materia de espectáculos públicos y de publicidad comercial, así se les estableció la obligación de adecuar sus instrumentos jurídicos a los parámetros establecidos en la LOPPM. Esta ley igualmente los contempla como competencia propia del Municipio con el propósito de construir instrumentos jurídicos adaptados a las nuevas realidades que estos tiempos nos exigen.

La materia relacionada a los Espectáculos Públicos es de tal importancia porque mantiene estrecha vinculación con los sectores cultural, educativo y recreacionales de la población, y que a pesar que son competencias de tipo concurrentes con los otros niveles territoriales del Poder Público, como ya lo explicamos anteriormente,  dejando a salvo lo concerniente sobre protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, clasificación de los contenidos, entre otros, por cuanto se regulan por otros instrumentos normativos tales como la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (LOPNA, 2007), la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión (Ley RESORTE, 2010) o la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (2010); sin embargo, los impuestos relacionados con esta materia están concebidos dentro de los pertenecientes a la potestad originaria de los municipios, puesto que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), así lo ha previsto, de tal manera que no tienen que ser compartidos con ninguna autoridad.

En este sentido se establece la posibilidad de regular los espectáculos públicos que se presenten en jurisdicción del Municipio de que se trata a través de Ordenanzas, allí se deben igualmente regular los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de los permisos que autoricen a realizar dicha actividad o espectáculo, y mas allá aun los impuestos atados a los mismos.

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010) desarrolla este impuesto en dos artículos, a saber los artículos 197 y 198, que rezan:

“Artículo 197. El impuesto sobre espectáculos públicos gravará la adquisición de cualquier boleto, billete o instrumento similar que origine el derecho a presenciar un espectáculo en sitios públicos o en salas abiertas al público.

Artículo 198. El impuesto sobre espectáculos públicos será pagado por el adquirente del respectivo billete o boleto de entrada en el momento de la adquisición. La empresa o empresario a cargo de quien esté el espectáculo podrá ser nombrada agente de percepción del impuesto en la ordenanza respectiva.”

Así la Ley permite al legislador local a través de la Ordenanza respectiva su regulación e implementación, quedando la ejecución de lo aprobado a través de este instrumento, en manos de la Alcaldía, ya que forma parte de la Hacienda Pública Local, puesto que, como ya dijimos, se trata de  un ingreso ordinario, consagrado de esta forma en el artículo 138 que reza:

“Artículo 138. Son ingresos ordinarios del Municipio:

1. Los procedentes de la administración de su patrimonio, incluido el producto de sus ejidos y bienes.

2. Las tasas por el uso de sus bienes o servicios; las tasas administrativas por licencias o autorizaciones; los impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar, con las limitaciones establecidas en la Constitución de la República; los impuestos sobre inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, juegos y apuestas lícitas, propaganda y publicidad comercial; las contribuciones especiales por mejoras sobre plusvalía de las propiedades generadas por cambio de uso o de intensidad de aprovechamiento con que se vean favorecidas por los planes de ordenación urbanística y cualesquiera otros que le sean asignados por ley.”

Igualmente debe regularse lo relativo a las sanciones a que haya lugar con ocasión del incumplimiento de las disposiciones contenidas en el instrumento jurídico de que se trate,  normando lo relacionado con las obligaciones de empresa y empresarios de espectáculos públicos y de los derechos que tienen los asistentes o espectadores; la clasificación de los espectáculos públicos y lo relativo al clasificador de actividades respectivo.

Por otro lado en lo relativo a la publicidad comercial, la misma se  reseña como la comunicación de un mensaje destinado a informar al público sobre la existencia de productos o servicios y a influenciar la conducta de los compradores de tales productos o servicios, divulgado por un medio pagado y emitido con fines comerciales. Esto lleva a interpretar que no todo mensaje que se divulga tiene finalidad lucrativa; asimismo, no todo está dentro de productos ni servicios, especialmente los de tipo prestacional.

En este orden de ideas la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) señala que la materia de Publicidad y Propaganda Comercial se encuentra prevista para el poder local, como una competencia propia igualmente, lo que implica que su implementación debe llevarse  a cabo en todas las fases.

La Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010), cuyo objeto es desarrollar los principios constitucionales relativos al poder público municipal, su autonomía, organización, funcionamiento, gobierno, control; para el ejercicio efectivo de la participación ciudadana en los asuntos de la vida local otorga las directrices dirigidas hacia los munícipes para la elaboración de las respectivas ordenanzas en materia de publicidad comercial en cada jurisdicción, que conllevan a regular todo lo relativo a los permisos e impuestos correspondientes, esta normativa se encuentra igualmente consagrada en tres artículos de la Ley, a saber:

“Artículo 202. El impuesto sobre propaganda y publicidad comercial grava todo aviso, anuncio o imagen que con fines publicitarios sea exhibido, proyectado o instalado en bienes del dominio público municipal o en inmuebles de propiedad privada siempre que sean visibles por el público, o que sea repartido de manera impresa en la vía pública o se traslade mediante vehículo, dentro de la respectiva jurisdicción municipal.

Artículo 203. A los efectos de este tributo, se entiende por propaganda comercial o publicidad todo aviso, anuncio o imagen dirigido a llamar la atención del público hacia un producto, persona o actividad específica, con fines comerciales.

Artículo 204. El contribuyente de este tributo es el anunciante. Se entiende por anunciante la persona cuyo producto o actividad se beneficia con la publicidad.

Podrán ser nombrados responsables de este tributo, en carácter de agentes de percepción, las empresas que se encarguen de prestar el servicio de publicidad, los editores o cualquier otro que, en razón de su actividad, participe o haga efectiva la publicidad”.

Lo importante a destacar aquí es que ambas materias tanto cuando se trata de espectáculos públicos como cuando se trata de publicidad comercial, las mismas mantienen estrecha vinculación con temas propios de la vida local municipal, tales como urbanismo, ambiente, salud, educación, aseo urbano y domiciliario, entre otros; esa vinculación trae a colación la necesidad de una regulación en otras materias, por ejemplo en materia de ambiente y contaminación por ruidos que limite el ejercicio de estas actividades comerciales, de manera que la misma traiga como consecuencia una normativa que coadyuve a garantizar la paz y la armonía en la comunidad vecinal, e igualmente con materias competencia exclusiva del Poder Nacional, como es el caso de protección al consumidor y usuarios, costos y precios, entre otros, cuya observancia debe ser controlada de algún modo por el Municipio a los efectos de la protección de la calidad de vida de los munícipes.

MARIA AUXILIADORA DUBUC P.-

@mauxi1

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