Visión de   Venezuela con “foco” peruano

POR JESÚS ALEXIS GONZÁLEZ - VENEZUELA - 17 OCT 2016, 7:59 P.M.

Alberto Fujimori, Presidente del Perú entre el 28/07/1990 y el 21/11/2000 inició su mandato bajo el amparo de la Constitución de 1979 que consagraba un Congreso Bicameral, el cual funcionó hasta el 5 de abril de 1992, fecha cuando  lo disolvió a la par de  intervenir el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Publico y destituir a los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales; todo ellomientras” se aprobaba una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo; basándose  en el “argumento” según el cual ese entramado de instituciones no le permitían ejecutar las medidas necesarias en tiempos de crisis (imposible mayor similitud con Venezuela). Luego y mediante un plebiscito nacional (22/11/1992), y con un 82% de aceptación del pueblo ( N. Maduro la ha perdido en un porcentaje casi idéntico) se aprobó “legalizar” el cierre del Congreso y la conformación de una constituyente  y en el ínterin la continuidad gubernamental se ejerció a través de un Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional (Estado de Excepción y Emergencia” venezolano del presente) que suspendió los artículos de la Constitución que no fueran compatibles con la “emergencia” (¿?), y  sancionó la Constitución de 1993 donde se estableció un Congreso Unicameral (otra coincidencia  con Venezuela).

En el Mensaje a la Nación (cuando anunciaba las “medidas”), Fujimori señaló que se había propuesto la construcción de una democracia real (¡!) en un país afectado por un fracasado socialismo, el narcotráfico, elevada pobreza y una gran depresión en el marco de una caótica economía con una inflación que para 1990 se situó en un  7.649% (aspectos de nuevo coincidentes con  Venezuela); afirmando que se estaban observando algunos resultados positivos pero que algo estaba impidiendo que se continuara avanzando en la reconstrucción y el progreso (¡afirmación de  Fujimori aunque parezca de N. Maduro!), destacando con énfasis lo referente al caos, la corrupción y la falta de identificación con los grandes intereses nacionales por parte de un inoperante Poder Legislativo (el mismo repetitivo mensaje chavista luego de perder la Asamblea Nacional) y de un corrupto Poder Judicial (¿tendencia regional?); a lo cual se añadía, sostuvo, la evidente actitud obstruccionista y conjura encubierta por parte de las cúpulas partidistas que a su “entender” eran la expresión de la politiquería nacional, actuando con el único interés de bloquear las medidas económicas. (semejanza plena con el discurso presidencial de la actualidad).

Sea propicio destacar, la actuación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional  vinculadas con el  “fujimorazo”: (i) fueron autorizadas a tomar las “acciones pertinentes” para garantizar  las medidas a la luz de “mantener” el orden y la seguridad (entre el 5 de abril 1992 y el año 2000 hubo más de 100.000 muertos), (ii) ocuparon los medios de comunicación para censurar los contenidos, (iii) la estrategia autoritaria que asumió A. Fujimori la fundamentó en el llamado “Plan Omega” un documento preparado por los militares en pro de implantar un gobierno represivo en lo político pero abierto en lo económico, tomando como referencia el “modelo chileno” impuesto por Augusto Pinochet    ( similar al “modelo” venezolano, solo diferente en la  intención de  dinamitar el sector privado de la economía).

 El autogolpe peruano de 1992, sin duda alguna  afectó la democracia y el Estado de Derecho abriendo un espacio para el nacimiento de una  dictadura alimentada con la disolución del Congreso, dentro de un escenario que impedía la fiscalizalización y control del gasto público (similar al “auto control” del Ejecutivo sobre el  presupuesto nacional 2017 por intermedio de un acomodaticio TSJ) al tiempo de acallar las investigaciones por corrupción y malversación de fondos que pesaban sobre Fujimori (en el periodo militar-civil chavista se han “fugado” al exterior más de $ 300.000 millones); pero como bien muestra la historia las acciones contrarias a la legalidad (en evidente desviación de la ética y la moral) que vulneran la institucionalidad de un país ejercidas por  cualquier dictador disfrazado de “presidente” constitucional, más temprano que tarde son castigadas en un entorno de justicia tal como sucedió con  Alberto Fujimori quien, en complicidad con Vladimiro Montesinos (exasesor presidencial), ejerció una intensa actividad criminal vinculada mayoritariamente con la violación a los derechos humanos, usurpación de funciones y corrupción (se estima en unos $ 6.000 millones la fortuna amasada durante su permanencia en el poder) hasta ser detenido ¡10 años  después! (06/11/2005) al momento de hospedarse en un lujoso hotel en Chile, país al cual arribó en su majestuoso avión privado, para posteriormente regresar  a Perú  luego que el 21/09/2007 la Corte Suprema de chile aprobó la petición del poder judicial de Perú para extraditarlo  a efectos de rendirle cuenta al pueblo, ser juzgado y  condenado el 07/04/2009 a 25 años de prisión ( el 20/07/2009 fue condenado a otros 7 1/2 años); en un acontecer similar al experimentado por muchos personajes de su mismo perfil (y de otros que a futuro con seguridad igual les sucederá) como Jorge Videla (Argentina) y Hissene Habré (Unión Africana) quienes fueron juzgados y condenados a cadena perpetua; así como Saddam Hussein (Irak) ejecutado en la horca.

La desintegración democrática que experimentó Perú, hoy está madurando en Venezuela (si lo permitimos) tal como lo  refleja la acción de  Maduro al presentar (14/10/16)  los Proyectos de Ley de Presupuesto y de Endeudamiento 2017 por Bs 8 billones 430 mil millones  ante el TSJ (para su evaluación y aprobación) en lugar de hacerlo ante la AN a quien corresponde; “apoyándose”  tanto en el marco “legal” contenido en Estado de Excepción y Emergencia Económica  como en un supuesto “desacato” que mantiene la AN, ambas sentencias emanadas obviamente del TSJ dentro de las más de 35 impulsadas para impedir la función parlamentaria, con la intención “nada oculta” de propiciar su disolución.  A tenor de tal intención, la AN aprobó (13/10/16) un ACUERDO SOBRE EL RESCATE DE LA DEMOCCRACIA Y LA CONSTITUCION contentivo de 14 Considerandos y 12 Acuerdos, donde transversalmente se sostiene que la democracia venezolana enfrenta su más grave crisis determinada muy especialmente por el desconocimiento de la autoridad de la AN, por parte del Poder Ejecutivo y del TSJ al punto de haber declarado sus actos futuros “manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica” (Sentencia de la Sala Constitucional, 2 y 21/09/16). De igual forma, en el ACUERDO en comento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 333 de la Constitución,  se contempla desconocer la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo y de las sentencias del TSJ que contraríen los valores, principios y garantías democráticas y lesionen los derechos fundamentales; complementado con instar  a la ONU, la OEA, MERCOSUR y a UNASUR para que se pronuncien y adopten medidas tendientes a garantizar la vigencia de la democracia y el respeto de los derechos humanos en Venezuela, y a estar vigilantes y coadyuvar al restablecimiento de las instituciones democráticas en Venezuela; así como exigir al Ejecutivo Nacional el respeto de los principios, valores y libertades esenciales de la democracia.

 Reflexión final, asumimos en armonía con el espíritu del ACUERDO de la AN  la necesidad de un gran movimiento cívico nacional en defensa de la Constitución, la democracia el voto, y para exigir un RRP en 2016; luego del cual no volverán a oírse  desplantes del presidente (¿?) tal como: “Gobernador y Alcalde que no acate la sentencia del TSJ no recibirá ni medio. Pagare yo mismo la nómina de los trabajadores”; haciéndonos recordar con suprema indignación la similitud de su actuación con la  de A. Fujimori y su autogolpe.

Economista Jesús Alexis González   

jagp611@gmail.com   @jesusalexisgon   www.pedagogiaeconomica.com

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