La Junta Patriótica… Otra opción para salir de la crisis

POR ROBERT ALVARADO - VENEZUELA - 18 MAR 2017, 5:37 A.M.

"La democracia, como la aristocracia, como todas las instituciones sociales, llama calumnias a las verdades que le dicen sus enemigos y justicia a las lisonjas de sus parciales" Concepción Arenal

Con la finalidad de auspiciar el reconocimiento de la organización de la sociedad civil venezolana denominada Junta Patriótica Venezolana, cuya finalidad “es promover y organizar un Gobierno de Transición a petición de millones de venezolanos que se encuentran en la mayor orfandad”, sus miembros y adherentes, encabezados por el dirigente nacional Pablo Medina, (https://www.periscope.tv/PABLOMEDINAML/1eaKbPRraBRJX?t=7#)  el 9 de marzo del presente año entregaron al Dr. Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos, un documento asumiendo el compromiso de que ese gobierno esté “constituido por hombres y mujeres de alta competencia profesional y ética para solucionar la Catástrofe Humanitaria que ha provocado el actual Régimen Autoritario y corrupto enquistado en el país siendo el causante del sufrimiento humano en Venezuela”.

La Junta Patriótica (https://es.scribd.com/document/342201198/Junta-Patriotica-de-Venezuela) se compromete a realizar, mediante un Gran Pacto Social, acciones de calle, pacíficas, basados en los artículos 5, 57, 68, 70, 333 y 350 de nuestra Carta Magna, para alcanzar el Patriótico y Constitucional Gobierno provisional cuyas primeras medidas estarán dirigidas a: “Liberar los presos políticos, organizar los corredores humanitarios para que la solidaridad internacional se active, repatriar los fondos de la república, tramitar las divisas congeladas, reactivar el aparato productivo promoviendo el Gran Pacto Social con una nueva alianza entre el Capital y el Trabajo, restablecer los acuerdos con los organismos internacionales para enfrentar el narcotráfico y el compromiso de combatir el hampa que ha ensangrentado y enlutado a nuestro Pueblo”.

Esta acción fue motivada por “las humillaciones y vejaciones que sufre el Pueblo venezolano en la búsqueda infructuosa de alimentos y medicinas”, asimismo solicitaron “la aplicación de la Carta Democrática al régimen totalitario que impera en Venezuela”. Todo ello “interpretando y asumiendo la voluntad soberana del espíritu y del cuerpo social de la nación, y la gesta de nuestros antepasados aborígenes y nuestros libertadores plasmada en el Preámbulo de la Constitución, y ante el constitucional acto por parte de la asamblea nacional de aprobar el abandono del cargo con una mayoría determinante el 9 de febrero de los corrientes, a partir de los cual esa instancia instituye que quien la ejerce usurpa la presidencia de la República, estatuido en el artículo 233 de la Carta Magna”.

En ese contexto, señalaron “los hechos y conductas del usurpador de la Presidencia de la República en ejercicio de sus funciones y en perjuicio del pueblo de Venezuela, como causa eficiente de la  ruptura del orden constitucional y democrático… violatorias de la Constitución Nacional y de los tratados suscritos válidamente por la República, conforman la existencia de una catástrofe pandémica humanitaria Nacional… y evidencia una injerencia y una intervención internacional representada en las actividades públicas y notorias de gobiernos extranjeros, en connivencia con  Grupos Islámicos terroristas y miembros de la Farc… y en consecuencia es sujeto de las sanciones previstas en los artículos 25, 138 y 139 de la Constitución Nacional y en los Tratados respectivos suscritos y ratificados por la República”.

En tal sentido, la Junta Patriótica denunció “que no existe Vicepresidente sustituyente, porque el designado tiene ilegitimidad de origen al ser nombrado por un presidente usurpador, y por haber sido señalado en graves hechos de narcoterrorismo nacional e internacional… la designación de Tareck El Aisammi como actual Vicepresidente de la República… es una evidente maniobra de los gobiernos mencionados para mantener el control político, institucional, sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), energético, territorial, financiero y sobre la producción de las riquezas naturales de Venezuela”.

De igual modo, resaltaron que las “acciones, conductas y omisiones del usurpador de la Presidencia de la República… están en correspondencia con el funcionamiento de facto del Tribunal Supremo de Justicia que ha sustituido a la Asamblea Nacional, Ministerio Publico -entiéndase Luisa Ortega Díaz-, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional Electoral, Contraloría General de la República, una parte del alto mando Militar, medios de comunicación Estatales y oficiales; y una estructura de gobernadores que son parte del engranaje de dominación y con periodo constitucional vencido por la suspensión del derecho democrático en Venezuela”.Considerando “las políticas ideologizantes y totalitarias… como producto del saqueo al patrimonio público, de la destrucción y ruina de la economía, de la inseguridad deliberada y permanente contra vidas y propiedades y de la hambruna provocada por la escasez de medicinas y alimentos, y que han producido un desmembramiento de la familia y una diáspora o éxodo de miles de venezolanos, que se encuentran en estado de indigencia en muchos países de América y Europa”.

Para hacer frente a todo ese complejo de dominación, constituyeron la Junta Patriótica para garantizar la transición, la gobernabilidad y el restablecimiento del orden democrático, todo en conformidad con los principios, derechos y deberes consagrados en los artículos 2, 3, 5, 7, 19, 23, 25, 31, 50, 52, 53, 57, 61, 62, 67, 68, 70, 72, 125, 130, 138, 139, 233, 333, 347 y 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “procediendo de conformidad con la imperativa obligación ciudadana de defender los intereses colectivos y restablecer el Estado de Derecho”.

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