El Supremo de Venezuela se prepara para anular a la nueva junta del Parlamento

Enero 07, 2017

Año nuevo, vida nueva; menos en Venezuela. El chavismo no esperó ni un día para poner en marcha su rodillo autoritario contra la nueva directiva de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y en especial contra su presidente, Julio Borges, cuyo discurso firme durante su juramento de ayer, incluido el llamado a las Fuerzas Armadas para que faciliten elecciones, ha levantado ronchas en la revolución.

Repitiendo el mismo modus operandi que en 2016, sus diputados acudieron hoy solícitos a su fiel aliado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para pedirle que declare su ilegalidad y además instó a la Contraloría a investigar su "usurpación de funciones". Como si de un déjà-vu bolivariano se tratara, con parecidos gestos y las mismas palabras.

"Hemos venido al TSJ para que declare la ilegalidad, la nulidad, la inconstitucionalidad de la actual directiva. Vimos un pseudointento de nombrar una directiva sin acatar las sentencias del TSJ, sin retirar a quienes fueron electos en el Estado Amazonas con fraude electoral", alegó Héctor Rodríguez, jefe del grupo parlamentario oficialista, a las puertas del Supremo.

Los señalados, además de Borges, son el vicepresidente primero, Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular, partido del preso político Leopoldo López, y Dennis Fernández, vicepresidenta segunda y militante socialdemócrata.

La arremetida revolucionaria corre deprisa esta vez, ya que la nueva directiva de la Asamblea ha fijado para el próximo lunes la celebración del pleno para debatir el abandono de cargo del presidente Nicolás Maduro. En la oposición creen que el Supremo actuará ipso-facto en lo que sería su sentencia o resolución número 46 contra el Parlamento y la Unidad Democrática en menos de 13 meses.

Otro diputado chavista, Víctor Clark, acudió a la Contraloría para exigir que se determine si el Parlamento incurrió en responsabilidades político administrativas por la usurpación de funciones. "No tienen las facultades para nombrar a la junta directiva. Toda autoridad usurpada es nula y carece de efecto y todos sus actos son nulos e ineficaces", bramó el portavoz adjunto del llamado bloque de la patria.

El sabotaje contra la Asamblea se apoya en el fallo del Supremo que mantiene al Legislativo en situación de "desacato" por la juramentación de tres diputados del estado de Amazonas, cuya elección suspendió el propio tribunal por una denuncia de fraude electoral del oficialismo. Un fraude casi imposible (el chavismo tiene en su poder todos los mecanismos electorales del país), pero muy conveniente:

restando tres escaños se impide que la Unidad Democrática alcance la mayoría calificada de 2/3 partes, que le otorga más poderes.

Los tres parlamentarios de Amazonas pidieron su desvinculación el 15 de noviembre, como parte de los acuerdos del diálogo entre el gobierno y la oposición, pero al Supremo no le pareció suficiente.

"El discurso (de Borges) está fuera de la Constitución, es ilegal y terrorista, van a tener al Estado encima", advirtió Rodríguez, quien añadió que el coordinador nacional de Primero Justicia, el partido del gobernador Henrique Capriles, "arrancó haciendo una mala copia de lo hecho por Ramos Allup".

El chavismo hostiga a la Asamblea de múltiples formas, no sólo con sentencias en su contra. Los diputados no cobran su sueldo desde hace siete meses porque el estado no transfiere fondos, lo que también mantiene al mínimo su capacidad administrativa. El gobierno, incluso, ha cortado el suministro eléctrico en varios ocasiones.

Antes de asumir el año pasado, operarios revolucionarios se llevaron todos los equipos de la televisión de la Asamblea, incluida la señal.

Además, desde el primer día grupos radicales merodean el Palacio Legislativo para amedrentar, insultar, incluso golpear, a parlamentarios, colaboradores y periodistas.

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