El Gobierno venezolano vincula a Lilian Tintori con un plan golpista

Enero 13, 2017

El ministro del Interior difundió un diálogo telefónico entre dos personas a quienes identificó como Tintori y el diputado Gilber Caro, detenido el miércoles "en posesión de un fusil y explosivos"

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el recién creado Comando Nacional Antigolpe, juramentado por Nicolás Maduro esta semana, se han confabulado contra la Asamblea Nacional y contra la oposición en la contraofensiva 2017 planeada por el chavismo. Entre los objetivos gubernamentales figuran dirigentes de la importancia de la activista Lilian Tintori, mujer del preso político Leopoldo López; el gobernador Henrique Capriles y del nuevo presidente legislativo, Julio Borges.

"Se ha desvelado un plan terrorista desestabilizador", aseguró ayer el ministro de Interior, Néstor Reverol, en el que implica a Tintori. Un supuesto plan con los condimentos habituales del chavismo: los levantiscos buscaban generar violencia en el Palacio de Miraflores para rescatar a López, como si se tratase de un nuevo capítulo del surrealismo mágico bolivariano.

Reverol difundió un diálogo telefónico entre dos personas, a quienes identificó como Tintori y el diputado suplente Gilber Caro, detenido el miércoles pese a disponer de inmunidad parlamentaria. Según el gobierno, portaba un fusil y explosivos. La supuesta conversación publicitada por los canales públicos no confirma las acusaciones.

También el gobernador Henrique Capriles sufrió el hostigamiento oficialista, al ser inculpado de irregularidades administrativas, con las que el chavismo busca inhabilitarlo. Según el funcionario Manuel Galindo, existe presunción de "responsabilidad" contra el ex candidato presidencial. "Pretenden cocinarnos una inhabilitación desde el gobierno, porque no han podido con nosotros por la vía del voto. No me voy a quedar callado ante esta partida de hampones y corruptos del peor gobierno de la historia de nuestro país", protestó Capriles.

Borges, el presidente no reconocido por el TSJ, es acusado por Maduro de ordenar el bombardeo del mismo palacio presidencial y de las instalaciones del canal chavista Telesur.

El debut del Comando Antigolpe, dirigido por el nuevo vicepresidente Tareck El Aissami, está superando todas las expectativas. Además de la operación contra Tintori, el chavismo involucra al general retirado Raúl Baduel, otrora hombre de confianza de Chávez, que lo convirtió en un preso político tras su ruptura con la revolución. El ex ministro de Defensa fue arrestado pese a contar con libertad condicional. Otros dos concejales opositores fueron apresados en las últimas horas con cargos parecidos.

La otra andanada oficialista provino del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que determinó que todas las decisiones del Parlamento venezolano son nulas porque continúa en desacato. Ni a Julio Borges, elegido por la mayoría de los diputados el 5 de enero, se le considera presidente lo tampoco a su junta directiva; tampoco es válida la declaración de abandono de cargo contra Maduro y ni siquiera la desincorporación de los tres diputados de Amazonas, trámite exigido por el TSJ para que la Asamblea vuelva a la "legalidad" y que fue acordado entre las partes durante la Mesa del Diálogo auspiciada por el Vaticano y por el ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

"La Sala Constitucional del TSJ ordena a los diputados que conformaron la junta directiva durante el año 2016, que antes de instalar el segundo periodo de sesiones y elegir válidamente a la junta directiva para el año 2017, deben hacer cesar el desacato al Poder Judicial", señala la resolución. Según el máximo tribunal, es la junta directiva anterior -cuyo presidente era Henry Ramos Allup- y no la nombrada el 5 de enero la única que puede superar la situación de desacato.

Para terminar de cerrar el bucle revolucionario, el TSJ autoriza a Maduro a presentar su memoria y cuenta (una especie de debate del estado de la nación) ante los magistrados revolucionarios, en lugar de hacerlo ante el Parlamento, como determina la Constitución. De esta forma, el "hijo de Chávez" se ahorra otro mal trago como el del año pasado, cuando tuvo que rendir cuentas ante la Asamblea y recibió un repaso parlamentario procedente de Ramos Allup.

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