La batalla de Evo Morales por el poder

Enero 27, 2017

En la mayoría de los países democráticos del mundo, las jefaturas de gobierno tienen fecha de caducidad. El vencimiento marcado claramente por cada Constitución impide la perpetuidad en el poder de los «elegidos», que lo son por designio del pueblo y no por mandato celestial o sucesorio. En algunos pocos, sin embargo, aún hay líderes que practican el «autismo selectivo» para hacer todo lo posible por seguir siendo líderes a costillas de su pueblo. El verso es siempre el mismo, «continuar con el modelo que comenzaron para hacer un país mejor para todos…». cuando lo cierto es que son ellos y sus elegidos quienes se llenan los bolsillos y acumulan una especie de poder divino que vulnera los derechos y libertades mas básicas de esa mal llamada democracia.

Bolivia es uno de esos ejemplos. El primer mandato del presidente boliviano Evo Morales, empezó en enero del 2006 y ya cumplió más de una década en el poder con su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS). La Constitución de Bolivia permite solo dos mandatos consecutivos, pero un fallo del Tribunal Constitucional le permitió volver a presentarse en el 2014 al considerar que su primer término no contaba porque el país fue refundado como Estado Plurinacional en el 2009.

Ya en su tercer mandato, el artículo 168 impide claramente que ni Evo ni su vicepresidente, Álvaro García Linera, vuelvan a presentarse a los comicios del 2019 tal y como es su deseo. Sin embargo, aniquilada la última posibilidad legal de cambiar la Constitución como resultado de la derrota que sufrió el 21-F del año pasado al someterlo a referéndum, ahora solo le queda ejercer su poder en la sombra para «desacreditar y destruir a la oposición», según afirman analistas políticos y asambleístas bolivianos.

 

«Ante el debilitamiento lento pero sostenido del Gobierno recurren a todo. De un tiempo a esta parte se ha ido perdiendo su aprobación incluso en un 20 por ciento y esto les genera ansiedad, desesperación, más aún cuando ya no cuentan con la ingente cantidad de recursos que disponía para poder distribuir, para poder mostrar, razón por la que están empeñados, antes de tiempo, en manchar a las personas», dijo el analista Gustavo Pedraza.

A este respecto, el expresidente y portavoz de la Causa Marítima boliviana Carlos Mesa, a quien se reconoce su valía como canciller y el líder opositor Samuel Doria Medina, quien fuera el segundo candidato más votado en las elecciones presidenciales en el 2014, siguen a día de hoy sufriendo el hostigamiento del Gobierno y en el caso de Doria Medina la persecución de la Justicia. A pesar de que constitucionalmente el sistema judicial en Bolivia es independiente del poder político, en la práctica hay un sometimiento total de jueces y fiscales al Poder de Evo Morales quien textualmente ha dicho que «la independencia de poderes, característica central de la democracia, es cosa de la derecha que quiere un Estado descuartizado».

En este contexto, los observadores internacionales ven como Doria Medina, convertido en el eje de la oposición y el segundo más votado en las últimas elecciones, parte con enormes posibilidades para las elecciones del 2019 para reemplazar a Morales. Una situación que también le convierte en el enemigo número uno del gobierno y también de la Justicia, porque la vía estratégica para sacarlo de la carrera a la presidencia del país ha sido y sigue siendo la vía judicial, lo que explica los 17 procesos que tiene hasta ahora.

El propio expresidente Carlos Mesa salió en defensa de Doria Medina diciendo que: «Expreso mi solidaridad con Samuel Doria Medina, afectado en lo personal y en lo público por una arbitrariedad del poder», al tiempo que denunciaba que «el Gobierno de Evo Morales aplica una judicialización de la política, que consiste en atacar a los enemigos bajo el celofán de la lucha contra la corrupción y en este caso a la principal figura de la oposición al Gobierno». En el mismo sentido, Jorge «Tuto» Quiroga, otro expresidente de la nación andina, lamentó que «se esté haciendo persecución de los políticos de oposición por un mandatario que es un aprendiz de la tiranía» que ejerce su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.

Y es que usando fiscales y jueces, el Gobierno ha presionado a Doria Medina hasta el límite. El proceso es claramente político y se desenvuelve en los estrados judiciales y en los medios. Además, la opinión pública valora que en lugar de huir al exilio como otros muchos opositores, el haya decidido plantarle cara al Gobierno y responder a un proceso que se basa en hechos que ocurrieron hace unos 25 años, sin pruebas contundentes, argumentos sólidos y que técnicamente estaría prescrito.

Recientemente, para lograr que los jueces determinaran su detención, se argumentó que Doria Medina no tenía dinero en sus cuentas bancarias, siendo uno de los empresarios más exitosos de Bolivia. Al no poder ser probado, argumentaron entonces riesgo de fuga por sus continuos viajes al exterior. Una maniobra más que logró ser rechazada por la opinión pública después de que el propio expresidente Quiroga interviniera como garante. Ahora, a falta de mayores argumentos, los jueces han optado por el camino del hostigamiento, la dilación y el cansancio. Doria Medina fue convocado a tres audiencias en las después de tenerlo sentado durante horas finalmente se aplazaron.

Ante esta situación de hostigamiento a la oposición y la conformación de su nuevo gabinete que parece apuntar como eje a la «re-re-reelección» de Morales, analistas internacionales coinciden en que será el propio pueblo boliviano a través de sus medios de comunicación e instituciones los encargados de denunciar públicamente este acoso a la oposición y los encargados de defender la Constitución y la democracia, en su más estricto sentido de la palabra.

Lástima que estos regímenes bolivarianos, solo tomen del Libertador lo que les interesa y olviden la esencia de su pensamiento cuando decía que «la continuación de la autoridad en un mismo individuo ha sido frecuentemente el fin de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo, originando la usurpación y la tiranía».

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