El mega guiso entre cubanos y alemanes con los pasaportes que se teje en el Saime

Febrero 06, 2017

“La situación se ha vuelto muy difícil desde principios de 2016. Aquí nos dicen que no hay material aunque no sabemos si eso es lo único que ocurre”, dijo a Caraota Digital una funcionaria del organismo adscrito al Ministerio de Interior, Justicia y Paz.

Pero esto no siempre fue así. Desde el año 2009 el organismo fue “desconcentrado” de la cartera de Interior y Justicia según el Gobierno para ganar autonomía y eficiencia en el servicio. Pero su reestructuración fue un proceso del que poco conocen los venezolanos, más allá del hecho de que todo el sistema de identificación nacional pasó a manos de Cuba.

Pero no fue sino hasta 2011 cuando una investigación publicada en El Nacional lanzó por primera vez el nombre de la empresa cubana Albet Ingeniería y Sistemas, “rostro comercial de la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana (UCI)”. Esta se encargaría de “la transformación y modernización del Sistema de Identificación, Migración y Extranjería venezolano” enmarcado en el “Convenio Integral de Cooperación Cuba – Venezuela”.

El acuerdo confidencial al que tuvo acceso el diario El Nuevo Herald dice que la “totalidad de las licencias de uso de las aplicaciones informáticas como aquellas relativas al software, al hardware y a las licencias” serían transferidas a la parte cubana involucrada en el contrato, en este caso el Banco Financiero Internacional S.A de la República de Cuba, denominado como “Banco de Albet”. El contrato fue por más de 172 millones de dólares y en todas sus fases se citan estrictas cláusulas de confidencialidad.

Esta empresa cubana no tenía la capacidad para cumplir con tal acuerdo por lo que subcontrató a la mexicana Gemalto. Sin embargo y según información que aportó en 2011 el ex asesor del Ministerio de Interior y Justicia Anthony Daquin a diversos medios y quien hoy se encuentra asilado en EEUU, el acuerdo entre estas dos empresas tuvo sus detractores en Venezuela que resultó en el despido de los asesores. Sin embargo ya desde 2007 la isla había pactado con otro actor, la imprenta alemana Bundesdruckerei.

El contrato leonino Albet- Gemalto no permitía a Venezuela el acceso a su propia base de identificación. “Se hizo una reunión con la gente de Albet y del Saime en la que se habló de la necesidad de que la infraestructura de clave pública (aplicaciones para asegurar la información en los chips de la cédula) se contratara con otras empresas que sí nos dieran acceso a los códigos fuente para que nosotros mismos, los venezolanos, pudiéramos saber qué hay en el chip y desarrollar programas para hacer cambios en él o almacenar nuevos datos. Pero a los cubanos no les gustó y nos botaron a todos, relató uno de los trabajadores”, narra la periodista Adriana Rivera en un reportaje publicado en El Nacional en 2011.

Esta empresa que era privada y a partir de 2009 pasó a manos del Estado alemán reseña en sus dossiers de presentación que desde febrero de 2007 “es la encargada de realizar los pasaportes electrónicos para Venezuela y suministra el software para tal fin, siendo este el primer país de Latinoamérica en el que la firma incursiona”. Sobre los negocios que ha realizado Bundesdruckerei cae una sombra tan grande que incluso oscurece al mismísimo Gobierno alemán, tal y como reveló el periodista de investigación Alek Boyd en el portal Infodio.

 

Pero para mala fortuna de la imprenta germana, en abril de 2016, explotan los llamados Papeles de Panamá y con ellos se revela la forma cómo la empresa europea tocó tierra suramericana. Un entramado de sociedades constituidas en paraísos fiscales le sirvió a Bundesdruckerei para realizar la triangulación del negocio con Cuba y Venezuela y de esta manera la isla podía evitar las sanciones económicas impuestas por la comunidad internacional y proteger un inmenso tejido de coimas y comisiones que vincularon a cuatro países tal y como reveló el trabajo llamado “Pancho Pardo: el banquero peruano que triangula pasaportes bolivarianos”, publicado en abril de 2016.

Caraota Digital envió comunicaciones al Director General y Gerente Técnico de Bundesdruckerei a su sede en Berlín, Alemania, sin recibir respuesta hasta el momento de la publicación de este trabajo.

Contempla la Memoria y Cuenta del año 2010 del Ministerio de relaciones Interiores, Justicia y Paz la “suprema felicidad social” como directriz de las acciones de los planes operativos de la cartera ministerial “impulsando acciones relativas al respeto a los derechos humanos de la población, así como optimizar el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), brindando seguridad y calidad en la atención a los ciudadanos”. De esa dicha, poco o nada hay en los miles de venezolanos que hoy esperan por sus documentos de identificación.

Es el período en el que la cartera de Interior, Justicia y Paz realizó un proceso de “desconcentración” de algunas de sus dependencias, entre ellas el Saime,  cuyo nacimiento se oficializó en el decreto Nº 6.733 del 09 de Junio de 2009, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.196, en el marco del Reglamento Orgánico del organismo ministerial.

En julio de 2012, unos meses antes de que El Aissami lanzara su candidatura a la Gobernación de Aragua, Rivas pasó al Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) y Fabricio Pérez Morón, hombre de extrema confianza del hoy Vicepresidente y también compañero universitario de este asumió la dirección general del ente gubernamental.

El recién designado Director del Saime formó parte de “Utopía 78”, un movimiento estudiantil de izquierda y que a la postre se alineó con el chavismo, nacido en la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad de Los Andes. Entre sus integrantes figuran El Aissami, Dante Rivas, Fabricio Pérez Morón y Hugo Cabezas también ex director de la antigua Onidex en Trujillo, además de haber sido Gobernador de ese estado y Ministro del Despacho para la Presidencia. ¿Coincidencia?.

“Este grupo de ex integrantes del movimiento estudiantil Utopía 78, nacido en la Universidad de los Andes, en Mérida, ha trabajado con una misión cubana en Venezuela para introducir cambios en las políticas de identificación ciudadana, entre otros planes del Ministerio de Interior y Justicia, que tiene como principales proveedores y asesores a los antillanos”, cita la periodista Adriana Rivera en un artículo publicado en 2013 en El Nacional

Pérez Morón se mantuvo al mando del Saime por espacio de 10 meses hasta que el 29 de mayo de 2013 y según Gaceta Oficial N°40.177, el entonces Ministro de Interior Miguel Rodríguez Torres firmó la designación del Coronel (Av) Rafael Ruiz Vázquez como nuevo Director Encargado del organismo, cargo que ocupó durante unas tres semanas. Ruiz acompañó a Rodríguez Torres durante su gestión en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). En 2015 fue designado Director de Ayudantía General de la Comandancia General de la Aviación Militar Bolivariana.

La noche del 10 de junio de 2013 el presidente Nicolás Maduro anunció que Juan Carlos Dugarte asumiría la dirección del organismo de identificación nacional. Este ingeniero fue uno de los fundadores del Movimiento V República y miembro activo del partido de Gobierno. También fue diputado por la Asamblea Nacional desde donde emprendió una investigación contra el entonces alcalde Antonio Ledezma y la empresa Cotécnica. Un par de meses más tarde anunció la instalación de máquinas captahuellas para “derrotar las mafias raspa cupos”.

El 27 de mayo de 2015 Dante Rivas retornó a la dirección del Saime tras la designación de Dugarte como Jefe de Gobierno del Distrito Capital. El anuncio lo hizo el Jefe de Estado a través de la red social Twitter.

Cuatro meses más tarde, el 4 de septiembre de 2015, Anabel Cristina Jiménez asumió la conducción del organismo en calidad de encargada, según reza la Gaceta Extraordinaria N°6.195, por cuanto Rivas se mediría en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Fue coordinadora regional del Saime en el estado Miranda y también directora nacional de Identificación Civil.

Jiménez fue sustituida por Juan Carlos Dugarte quien regresó nuevamente a la dirección del ente encargado de los procesos de identificación ciudadana el 13 de abril de 2016 según designación publicada en la gaceta Oficial N°40.884, fechas en la que el sistema de entrega de documentos de identidad y migración (pasaporte) se había agravado aún más.

Ante la cada vez más difícil tarea de obtener un documento de identidad para los ciudadanos venezolanos tanto residentes en el país como en el extranjero, el también ex diputado oficialista aseguró el 13 de septiembre de ese año que “el problema está solucionado” ya que “a finales de octubre estará al día la emisión de pasaportes, debido a que el material importado para elaborar las libretas, llegará al país el próximo mes. Todos los insumos que intervienen en la elaboración del pasaporte son importados, como la lámina de policarbonato donde va el chip que lleva los datos de la persona. Los pasaportes se están emitiendo pero no en la cantidad necesaria por la falta de libretas”, concluyó.

No se conoce ninguna licitación para la obtención de estos materiales como tampoco existe información oficial sobre el arribo al país de estos insumos.

La promesa de la imprenta alemana Bundesdruckerei de entregar 2,5 millones de pasaportes anual a Venezuela parece generosa en comparación a las cifras registradas en los documentos oficiales del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

En el documento de Memoria y Cuenta de 2014 el organismo desconcentrado no reportó la cifra oficial de entrega de pasaportes pero según su Director a la fecha, Juan Carlos Dugarte, se habían emitido 780 mil pasaportes tan sólo en los tres primeros meses de ese año. En 2015 la cifra fue de 1.081.044 pasaportes y según un mensaje de la institución en su cuenta en la red social Twitter se tramitaron un total de 1.710.434 pasaportes en 2016.

Las denuncias sobre retrasos en la entrega de pasaportes crecieron exponencialmente desde el primer trimestre de 2016, no sólo por parte de los venezolanos que residen en el país que acusan retrasos hasta por más de 8 meses sin tener noticias de sus documentos, sino más grave aún, los que se encuentran en el exterior. Estos, al no contar con una identificación vigente son susceptibles de penalidades e incluso de cárcel o deportación de los países en los cuales residen.

Cinco meses después de que el actual director del Saime anunciara que el “problema estaba solucionado”, se cuentan por miles los casos de venezolanos cuyo derecho consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 56 ha sido violado por el Gobierno tras las fallas que impiden portar el documento que confiere a un ciudadano su identificación.

“Mi pasaporte tenía listo cinco meses pero en el consulado jamás me dieron respuesta de su paradero”, comenta a Caraota Digital una abogada venezolana residenciada en Costa Rica, que decidió venir al país para obtener su documento de identificación. “Durante todo el mes de diciembre, cada día estuve visitando la sede principal del Saime. Nos colocaron en una cola a todos los que vivimos fuera de Venezuela. Día tras día allí nos tuvieron hasta cinco horas sin darnos respuesta”, comenta.

“Una funcionaria me aconsejó que esgrimiera alguna causa de fuerza mayor para que me lo entregaran. No me quedó otra que después de 16 veces que fui hasta allá, argumentar una causa de salud y fue así que me lo dieron, porque no estaba dispuesta a pagarle a cualquiera de los gestores que están en las puertas del Saime, por un derecho que me otorga la ley”.

Cientos de historias como este caso inundan diariamente las redes sociales con denuncias por el incumplimiento del organismo en la entrega de los documentos de identidad. Caraota Digital envió una solicitud de entrevista al Director del Saime, Juan Carlos Dugarte sin obtener respuesta hasta el momento de la publicación de este trabajo.

 

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