Tras sentencia del TSJ, General Motors asegura que su salida de Venezuela es irreversible

Junio 04, 2017

General Motors confirmó su decisión de cesar operaciones en Venezuela debido a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inadminisible la solicitud de avocamiento formulada por los abogados de General Motors Venezolana, luego de la medida de amplio embargo judicial contra sus bienes.

El 25 de mayo la Sala Constitucional del TSJ declaró inadmisible la solicitud, al tiempo que estableció que esta medida debía cumplirse sin la paralización de la planta " pues si bien afecta a bienes de su propiedad no está relacionado directamente con la operatividad de la misma, pues responde al cumplimento del fallo acordando el amparo constitucional ejercido contra General Motors, por lo que deben garantizarse en forma absoluta los derechos de todos los trabajadores", dice la sentencia.

De acuerdo con un comunicado de GM, la empresa emitió numerosas peticiones para discutir la situación y encontrar una solución. Los abogados solicitaban la nulidad del embargo ejecutivo del 18 de abril y la inadmisibilidad sobrevenida del recurso de amparo constitucional.

En abril fue embargada la planta de ensamblaje de General Motors, ubicada en Valencia. Su confiscación se deriva de una demanda, litigada por GMV desde el año 2000, que presentó un ex concesionario de Maracaibo por 476.000 millones de bolívares en activos por incumplimiento de su contrato.

Con el embargo de la planta, que no producía vehículos desde 2015, la empresa procedió a considerar su retiro del país luego de casi 70 años en Venezuela.

La empresa automotriz asegura que sus representantes buscaron dialogar con las autoridades venezolanas para llegar a una solución dentro de los parámetros que establece la ley.

Este es el texto completo del comunicado de General Motors:

Como ha sido del conocimiento de las autoridades y de la opinión pública, General Motors se vio forzada a cesar sus operaciones en Venezuela tras la medida de "amplio embargo" contra sus bienes, la cual fue emitida el pasado 18 de Abril en total desconocimiento al derecho a la defensa y al debido proceso, causando un daño irreparable a la compañía, a sus trabajadores y ocasionando la terminación de las relaciones laborales. A pesar de las numerosas peticiones de General Motors para reunirse con las autoridades Venezolanas, discutir la situación y encontrar una solución, la empresa no recibió ninguna respuesta afirmativa. El pasado 25 de mayo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció declarando como inadmisible la solicitud de avocamiento presentada por General Motors, luego de la medida de amplio embargo judicial contra sus bienes, con seis votos de los siete magistrados que integran la sala. El voto salvado corresponde a la posición de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán.

Con la negativa, del avocamiento solicitada por la ensambladora más grande y de mayor tradición en el país, se evidencia una vez más el irrespeto al debido proceso y al derecho legítimo a la defensa; por lo que la decisión tomada por General Motors es irreversible, luego de más de 69 años de contribución a la generación de empleos de calidad, la movilidad de todos los sectores de la economía nacional y de los propios venezolanos.
La compañía ratifica que ejercerá vigorosamente todas las acciones legales a su alcance dentro y fuera de Venezuela, en busca del resarcimiento de todos los daños injustamente originados en su contra.

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