No permitamos que Venezuela se convierta en la próxima Libia

Junio 05, 2017

Durante más de dos meses, manifestantes y fuerzas gubernamentales se han enfrentado en toda Venezuela, dejando más de 50 muertos y cientos de heridos y arrestos. Esta confrontación ocurre en el contexto de una caída de más de un tercio en el producto per cápita, el segundo peor colapso económico de la historia latinoamericana.

Encontrar una solución para la crisis venezolana es urgente. Nos guste o no, una solución pacífica no ocurrirá sin una negociación política. Esto es porque la raíz de la crisis reside en la incapacidad del sistema político de facilitar la coexistencia entre las fuerzas políticas antagónicas del país.

Las instituciones políticas venezolanas fueron creadas por el chavismo en el cénit de su popularidad en 1999. El sistema político que se diseñó, en el que el ganador se lo lleva todo, concentró el poder en el Ejecutivo. Los mejores ejemplos de esto son los mecanismos que permiten al presidente iniciar procesos que conllevan la disolución total de otras ramas del poder público. En vez de promover la coexistencia, estas instituciones brindaron las herramientas para llevar a los opositores del chavismo a la irrelevancia política.

La ausencia de separación efectiva de poderes tuvo mucho que ver con el origen de la crisis económica del país. Le permitió al gobierno secuestrar las reservas del Banco Central. Sin un poder judicial independiente, el poder del gobierno para expropiar e imponer regulaciones arbitrarias carecía de límites. La concentración excesiva del poder económico ya era un problema para un exportador de petróleo, en el que la mayor parte de las divisas se van directamente al Estado. Darle poder ilimitado a ese gobierno creó un petroestado en esteroides.
Mucha de la culpa de la crisis política del país recae en la falta de instituciones que equilibren el poder. Un gobierno todopoderoso implica una oposición impotente.

Mientras Hugo Chávez fue popular -y su popularidad fue muy alta en la cúspide del boom petrolero - la oposición tenía poco interés en proponer la competencia política, prefiriendo el desconocimiento de elecciones y los intentos para derrocar al gobierno. Por supuesto, ahora que la aprobación de Nicolás Maduro está cerca de 20%, es el chavismo el que huye de las elecciones competitivas.

Para salir de este callejón sin salida, el país necesita una reforma política capaz de reducir las ganancias del poder y crear un sistema político que facilite la coexistencia en lugar de la confrontación. La oposición venezolana debe despertar a la realidad de que si quiere gobernar un país estable, debe buscar la forma de compartir el poder con el chavismo.

Para empezar, debe brindar garantías creíbles de no persecución política para los líderes del actual gobierno en caso de que pierdan las elecciones de 2018. Sin un acuerdo de poder compartido, Venezuela podría simplemente colapsar en la anarquía.

Compartir poder es algo que es más fácil decir que hacer. En un sistema político en el que el ganador se lo lleva todo, no hay promesas políticas creíbles. Si la oposición captura el todopoderoso Poder Ejecutivo, no hay forma de garantizar que cumplirá con ninguno de los compromisos que adquiera en esta etapa. Por esto Venezuela requiere de una reforma política antes de una transición. Sin ella, una solución negociada no es creíble y, simplemente, imposible de lograr.

Una forma de hacer que estos compromisos generen confianza es poniéndolos en la Constitución. Esto puede hacerse a través de una Enmienda Constitucional, un proceso muy distinto a la convocatoria de la todopoderosa Asamblea Constituyente del presidente Maduro. Las negociaciones políticas deben enfocarse en diseñar una enmienda que brinde garantías legales sólidas para proteger los derechos del chavismo en una transición política, mientras se diseña un marco institucional básico que reduzca la lucha de poder y haga posible la coexistencia de fuerzas adversas.

La Enmienda Constitucional puede ser formulada de modo que establezca una fuerte restricción al poder del Ejecutivo y la protección para las minorías políticas, previas a una transferencia de poder que podría ocurrir si la oposición gana la elección presidencial en 2018. La propuesta debe incluir amnistías o acuerdos de justicia transicional para los actuales presos políticos, así como para los líderes salientes.

Simultáneamente, debe garantizar el reconocimiento de la mayoría calificada obtenida por la oposición en las elecciones parlamentarias, así como las designaciones de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia hechas por la anterior Asamblea Nacional. Y podría remover los artículos que le otorgan al presidente y a la mayoría calificada legislativa el poder para disolver otros poderes gubernamentales.

Los halcones de la política exterior norteamericana y los opositores venezolanos más radicales seguramente criticarán esta iniciativa. Los líderes chavistas, dirán, deben ser procesados con todo el peso de la ley venezolana e internacional. No hay razones para negociar con el régimen cuando las protestas de calle y la presión internacional lo sacarán en algún momento del poder.

El debate recuerda a las discusiones que se dieron al final de la Primavera Árabe, cuando se les permitió a los regímenes autoritarios colapsar sin poner mayor atención a la necesidad de construir instituciones que los reemplacen. Las guerras civiles internacionalizadas, el surgimiento del Estado Islámico y el regreso del autoritarismo a la región son amargos recordatorios del costo humano de los errores cometidos durante los procesos de transición.

Tal vez el fracaso más evidente fue el de Libia, que cayó en un estado de plena anarquía tras el colapso de su todopoderoso petroestado. Todavía tenemos tiempo de impedir que Venezuela se encauce en una ruta similar.

Un esfuerzo concertado de la comunidad internacional para impulsar una solución negociada, con el compromiso de actores internacionales clave para respaldar su implementación, puede hacer mucho para salir del atolladero actual, a través de garantías externas y asistencia financiera. También podría hacerlo el apoyo para un acuerdo negociado por parte de los moderados de ambos bandos del espectro político venezolano. Sin estos acuerdos, el futuro del país podría ser incluso más desolador que su presente.

Francisco Rodríguez es economista jefe de Torino Capital LLC. Fue también jefe de la unidad de análisis económico del Parlamento venezolano. La versión original de este artículo fue publicada en inglés en la edición digital del Financial Times el miércoles, 31 de mayo.

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