Sector inmobiliario rechaza agravios a zonas residenciales

Junio 07, 2017

Los recientes allanamientos a urbanizaciones y conjuntos residenciales de Iribarren y Palavecino, realizados por cuerpos de seguridad con aparentes irregularidades, fueron condenados por la Cámara Inmobiliaria de Lara, institución que rechazó dichos hechos por afectar la inviolabilidad del hogar.

José Manuel Alejos, presidente del gremio en la entidad, condenó la manera cómo han sido abordados sectores residenciales como Club Hípico Las Trinitarias, en ataques perpetrados por quienes tienen la responsabilidad de resguardar a los ciudadanos.

Es de recordar que residencias de Palavecino, específicamente en Valle Hondo, y el conjunto residencial Antonio José de Sucre, en Barquisimeto, también han sido objeto de procesos catalogados por diversos organismos como violatorios de los derechos humanos.

Rechazó dichos actos de agravio contra los hogares larenses, por ser estos espacios íntimos de la familia, como principal núcleo de la sociedad.

“El sector inmobiliario está compuesto por quienes sueñan con construir un urbanismo, hasta los promotores y vendedores de esas mismas viviendas, que constituyen para el sector una tipología de proyectos sumamente importante, de la cual muchos empresarios han migrado por diversas razones, en especial hacia construcciones del sector comercial. Pero esto tiene un límite y somos nosotros los más preocupados porque la vivienda vuelva a ser nuestro principal insumo, porque eso no sólo dinamiza nuestro sector, sino que se trata de espacios que generan hogares y valores, se fomenta la familia y es eso lo que en este momento reclamamos como sector y ciudadanía”, expuso Alejos, quien recordó que semanas atrás la Cámara Inmobiliaria de Venezuela también se pronunció por los hechos irregulares cometidos a urbanismos como La Sucre en Lara y otros en el estado Táchira.

El llamado del sector es a formalizar las denuncias de procedimientos que ha sido definidos como irregulares por el Consejo de Estado por la Paz y la Justicia del Estado Lara (Cepaz), Foro Penal en Lara y la asociación civil Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz). Esto con el fin de exigir se garantice el respeto a los derechos fundamentales.

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