Según Jameiro Aranguren: El Antejuicio contra la Fiscal General de República está viciado de nulidad absoluta y es un fraude procesal constitucional

Julio 03, 2017

(Reporte especial de Robert Alvarado. Caracas 02 de Julio del 2017).- A juicio del jurista el Dr. Jameiro Aranguren, quien con su vasta experiencia nos logra dar una visión completa de las incidencias procesales del juicio histórico que se le pretende hacer la Fiscal General de la Republica Luisa Ortega Díaz y lo compara con el célebre antejuicio de merito del fallecido Luis Manuel Miquilena Hernández donde en Sala Plena Accidental se declaró que no existía mérito para el enjuiciamiento y proceden a sobreseer la causa por los delitos que se les imputaron. Del caso Micabu. Esta acción penal la lideró el entonces Fiscal General de la República, Javier Elechiguerra Naranjo y nos ilustra y relata de este sonado caso porque a partir del mismo se fijó el criterio jurisprudencial de que la función de Querellar es privativa exclusiva y excluyente de la Fiscalía general de la Republica: Fiscal General, vice-fiscal y fiscales que tramiten el antejuicio de merito por delitos y no por faltas. Por lo que aseguró en forma tajante que “el Doctor” Pedro Carreño no tiene legitimidad, cualidad procesal, para iniciar este trámite de antejuicio de merito en el cual se ha convocado una audiencia oral y pública previsto para el 04 de julio de 2017. Ordenando notificar al Dr. Pedro Carreño y al Defensor del Pueblo Tarek William Saab, por lo que la ciudadana Fiscal no está obligada asistir voluntariamente a este irrito acto procesal, ni ser trasladada por la fuerza pública a través de un mandato de conducción. Consideró que se trata es de someterla a un paredón de fusilamiento o una embocada inconstitucional. Confirmo que la audiencia oral y pública esta viciada de nulidad absoluta  y constituye un fraude constitucional que pretendió ser enmendados por las sentencias en ponencias conjunta 469 y 470. Que dejaron sin efecto la designación   y anularon la resolución de la Fiscal General que designó encargado al Vicefiscal General, Rafael González Arias, pero que a la vez vacio de competencia a la titular de la acción penal para compartirla concurrentemente con el Defensor del Pueblo Tarek William Saab.

Nos dice el Dr Jameiro Aranguren: Que esta sentencias impartidas en el iter procedimental antes de la celebración de la audiencia Oral y Pública reconocen expresamente que el Dr. Carreño incurrió en una vulgar y grotesca usurpación de funciones, al iniciar el trámite de un antejuicio de Merito por unas supuestas faltas graves de la Fiscal General que no constituyen delitos y que la institución del juicio previo conocido como antejuicio tiene que imputarse delitos y no faltas porque hay una crasa confusión e ignorancia entre los procedimientos especiales que contempla el COPP para el juzgamiento de altos funcionarios y el procedimiento especial de faltas que es ante un Tribunal Ordinario de Juicio  ya que la Sala Plena funciona como un Tribunal de Control. Esto nos da su razón argumentativa en cuanto a la participación del Defensor del Pueblo Tarek William Saab quien trata de recibir el testigo mugriento de la acción penal de mano del Dr. Pedro Carreño. Por lo que aseguró con conocimiento de causa, que el auto de admisión, Las medidas cautelares acordadas por la Sala Plena consistentes en lo siguientes: prohibición de salida del país de la ciudadana Luisa Ortega Díaz; prohibición de enajenar y gravar de todos sus bienes, y congelar todas sus cuentas bancarias, y la convocatoria para la audiencia Oral y Pública. Están revestidas de nulidad absoluta violatorias del debido proceso constitucional. Debido al que solicitante no estaba investido como titular de la acción penal para ejercer Querellas, y se ha tratado de usar la Sala Plena para un sainete donde treinta y dos magistrados  declaran que ha lugar el Antejuicio de merito y se instan al Consejo Moral a remover a la Fiscal General despojando a la Asamblea Nacional de la facultad  constitucional de designar y remover o destituir al Fiscal General de la Republica.

En conclusión de esta entrevista controvertida dada por el conocido abogado litigante Jameiro Aranguren: Quien afirma para frustrar esta canallada judicial la Asamblea Nacional debe ratificar, aprobar y juramentar mediante un acto parlamentario de reafirmación de su competencia al  Vicefiscal General, Rafael González Arias,  y convertirlo de encargado a titular por lo que solicitud de antejuicio hecha por el diputado Carreño deviene en una inadmisibilidad sobrevenida por el motivo y razón de la presunta falta grave en el ejercicio del cargo atribuido a la Fiscal General ya que desaparece el objeto. Además porque el órgano competente ha ratificado y convalidado su designación en consecuencia queda sin efecto la convocatoria de Audiencia Oral y Pública fijada para 04 de julio de 2017 y de oficio en resguardo del orden publico constitucional. Debe ordenar revocar todas las medidas cautelares reales y personales que obran en contra de la Fiscal General o de lo contrario tendría que acudir a la Sala Constitucional a demandar la nulidad del procedimiento que se sigue ante la Sala Plena por los vicios ostensibles y grotescos como el que se le dio entrada a una solicitud hecha por un ciudadano sin capacidad procesal que usurpó al Ministerio Publico y un Defensor del Pueblo también usurpador que ha pateado los derechos constitucionales y que sea convertido en el promotor de la violación de los derechos humanos de Venezuela por lo que notificación hecha el para la audiencia a él es inconstitucional y su presencia en TSJ es inmoral porque su competencia “sobrevenida” hecha por el TSJ en las sentencias 469 y 470 fueron posteriores a la solicitud hecha por el Dr Pedro Carreño. Lo que si queda claro el único funcionario que este caso puede Querellarse ante la Sala Plena es el     Vicefiscal General, Rafael González Arias porque si Tarek William Saab quiere Querrellarse contra la Fiscal General debe adherirse ante la Sala Constitucional para demandar la nulidad absoluta de todo el procedimiento y sus medidas cautélales acordada sin juicio previo 

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