Fiscal denuncia que TSJ impide acción penal contra implicados en caso Odebrecht

Julio 13, 2017

La Fiscal General  de la República, estima que la sentencia 573 del Tribunal Supremo de Justicia, impide la acción penal que el Ministerio Público busca adelantar en casos de corrupción como el de la constructora Odebrecht, que ha salpicado a diversos países latinoamericanos y que ha llevado a la cárcel al ex presidente brasileño Lula Da Silva.

“Recientemente hemos citado a unas personas para imputarlas por el tema de Odebrecht y nos encontramos con que, a raíz de esa solicitud, es que dicta el TSJ esta sentencia (537  del 12 de julio de 2017) para impedir que el Ministerio Público ejerza la persecución penal contra aquellas personas involucradas en el caso de Odebrecht, que afectó no solamente a Venezuela sino a toda la región”.

Así lo señaló la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, durante su participación, vía telefónica, en la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) que se desarrolla en Buenos Aires, Argentina este jueves, 13 de julio, en la que se revisó específicamente el conflicto existente en torno a la Fiscalía venezolana.

Sobre esta sentencia 537, Ortega Díaz dijo que “el día de ayer (miércoles, 12 de julio) se le quitó la facultad al Ministerio Público (MP) de poder imputar. La Constitución y la Ley establecen que quien imputa es el MP en nuestras propias sedes. Ahora resulta que esa atribución tiene que hacerla el MP frente a un juez, como una forma de obstaculizar el ejercicio de la acción penal”.

En el aparte cuarto, la mencionada sentencia,  “acuerda de oficio la medida cautelar referida a que toda persona investigada por la presunta comisión de algún hecho punible o aprehendido en flagrancia, obtendrá la condición de imputado(a) una vez haya sido informado por parte del Ministerio Público ante su defensor de confianza o público si no lo tuviere, en la sede del órgano jurisdiccional penal competente, de los hechos de los cuales se le atribuye la participación o autoría, así como los elementos de convicción que sustentan dicha imputación, ello a los fines de que el Juez o la Jueza (en funciones de Control) garantice y supervise el cumplimento de la legalidad en el proceso, especialmente en lo referente a los derechos constitucionales del investigado, así como el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la posibilidad de ejercer los recursos correspondientes”.

La Fiscal explicó a sus pares y procuradores de 13 países iberoamericanos reunidos en la Asamblea, el conflicto que se presenta desde que ella, el pasado 31 de marzo, cuestionara decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra del Poder Legislativo venezolano.

Además, aprovechó la oportunidad para referirse a la designación de Katherine Haringhton como vicefiscal de la República, la cual se dio, según dijo, al margen de la Constitución y de la Ley. “Esta persona ha hecho una serie de actividades en desconocimiento de las propias normas que rigen al MP, creando una serie de conflictos y obstaculizando el trabajo que debe realizar este despacho”.

En su intervención telefónica, de 10 minutos aproximadamente, la Fiscal denunció los inconvenientes que tiene en la actualidad el MP venezolano para llevar adelante su tarea. “El MP pide libertad plena y los tribunales proceden a imputar y dejan a las personas privadas de libertad; el MP pide una medida privativa de libertad y el tribunal ordena que no hay motivo para que se dicte una privativa de libertad; sobre todo lo han hecho en casos de corrupción“, detalló.

Agradeció al doctor Ramiro Guerrero, Fiscal General de Bolivia y presidente de la AIAMP, la convocatoria a esta Asamblea General Extraordinaria, la cual calificó como un espacio de deliberaciones en el que debe generarse un “debate fructífero en torno a la necesidad de defender la autonomía e independencia de los Ministerios Públicos”.

Loading...

Lo Más Visto

Loading...