Revolucionario suplicio para opositores

POR JOSÉ LUIS CENTENO - VENEZUELA - 01 FEB 2017, 12:49 P.M.

La justicia retardada no es justicia, lo confirma el círculo vicioso imperante del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal de retardo de los expedientes y de las causas en estado de investigación por el Ministerio Público por motivos y fundamentos que ahora, en teoría, estarían más a la vista de los interesados, de las víctimas y, lógicamente, de la opinión pública, porque se trataría de un proceso garantista que permitiría una mayor intervención de las partes, agudizando absurdos procesales en detrimento de presos, perseguidos y exiliados por razones políticas, ante la clara referencia del artículo 26 de la Carta Magna a la irregularidad de las dilaciones indebidas en los procesos penales.

La amenaza del TSJ de encarcelar a los 106 diputados opositores por conspiradores, señala que la percepción inducida de la justicia tardía como parte de la política del miedo y el terror se desarrolla bajo el imperio de un texto constitucional que prevé un mejor control jurisdiccional y administrativo para los funcionarios del Poder Judicial, control trastocado en sumisión absoluta al Ejecutivo, con un dañino efecto: impunidad, ya que se retardan las audiencias, así los imputados pasan años detenidos ante el juez de control para poder accesar a la audiencia preliminar, cuando llegan a juicio los acusados pasan otros años más esperando la apertura o realización del debate oral y público y así sobrepasan el límite máximo de 2 años pautado por la ley, sin que por ello sean puestos en libertad.

Afirmar que en Venezuela no hay justicia pronta en ninguna de las jurisdicciones, implica ser visto como enemigo del Estado Tirano, sensación estratégicamente posicionada para que olvidemos que la justicia pronta incumplida se viene repitiendo con mayor énfasis con “la bicha” de 1999. La gravedad de esta situación es de tal magnitud, que, para algunos expertos en Derechos Humanos, “la justicia tardía en Venezuela es deliberada y puede llegar a representar una forma de trato cruel”. En efecto, el retardo procesal penal como bien lo dice la ley es violación a los Derechos Humanos, sujeto a sanciones de carácter penal por el Derecho Internacional y sus ejecutores tendrían que rendir cuentas al respecto.

Todos los opositores sometidos a persecución penal son víctimas de la justicia tardía, ya que los plazos razonables o legales, o en términos irreales, la celeridad en el juicio, como norte para que el juez cumpla con la celeridad de la justicia penal, no se cumplen y caemos en lo inexplicable, en lo injusto, con los graves problemas que ocasiona un retardo, entre éstos problemas, lo probatorio; con una víctima que no se desinteresa, pues es el Estado Tirano, que violando la norma procesal referida al tiempo del proceso elimina riesgos para su estabilidad dando lugar a encarcelamientos indefinidos, siendo claro que no puede justificarse la duración indebida del proceso, en cuanto funcionamiento anormal de la administración de justicia, por tanto, los errores que cometen los tribunales penales se los endilgan a los procesados o condenados por motivaciones políticas para empeorar su situación.

“La justicia es lenta pero segura”, dice un adagio popular, segura para el Estado Tirano en esta fase despótica, pero cometiendo errores garrafales, perfilando una dictadura que usa el sistema judicial como castigo, con causas penales contra muchos opositores, usadas para atormentar, comenzando por exponerlos al desprecio o al odio público. “Este gravísimo abuso del sistema judicial es posible debido a que no existen instituciones verdaderamente independientes en Venezuela que puedan proteger los derechos humanos y actuar como frenos y contrapesos del poder ejecutivo”, señaló José Miguel Vivanco de Human Rights Watch; ello explicaría porque Tarek William Saab habría sido acusado en La Haya, por ignorar sus obligaciones como Defensor del Pueblo; mientras Luisa Ortega Díaz, como queriendo eludir responsabilidades, en su condición de Fiscal General insiste en que “garantizará el debido proceso para que las audiencias se realicen en el tiempo previsto”. Si a esto se le añade la irresponsabilidad con que la MUD ha maniobrado valiéndose del tema de los presos políticos, el suplicio es mayor.

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